Se nota que las campañas por las próximas elecciones ya ocupan la mente de los principales dirigentes políticos. En el caso del PSOE, se puede decir que Pedro Sánchez quiere aprobar decretos-leyes con los que materializar reformas que afectarían a la normativa laboral y a la normativa de la Seguridad Social.

 

En lo que relacionado con la Seguridad Social, se ha comunicado el deseo razonable de eliminar el límite de la revalorización de las pensiones. En lo referido a la denominada contrarreforma laboral, que se quiere utilizar para suprimir determinados aspectos, la misma tendría por objeto efectuar cambios sustanciales en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores vinculados con las responsabilidades de los empresarios en la subcontratación de otras compañías, la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los empresariales, la ultraactividad de los convenios a su vencimiento y el registro de horas de los trabajadores, cuestiones que se incluyen en un listado que los sindicatos ya han aceptado y que los empresarios rechazan por algunos aspectos.

 

La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, buscaba flexibilizar el mercado de trabajo para corregir teóricos defectos del modelo laboral español. El Preámbulo de la norma establece que “Los problemas del mercado de trabajo lejos de ser coyunturales son estructurales, afectan a los fundamentos mismos de nuestro modelo sociolaboral y requieren una reforma de envergadura que, pese a los cambios normativos experimentados en los últimos años, continúa siendo reclamada por todas las instituciones económicas mundiales y europeas que han analizado nuestra situación, por los mercados internacionales que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego y, sobre todo, por los datos de nuestra realidad laboral, que esconden verdaderos dramas humanos”.

 

Hay que tener presente que la reforma laboral que pretende lograr Pedro Sánchez tiene una finalidad fundamentalmente electoralista. Hay pruebas de este hecho, pues él mismo y dirigentes próximos a su persona ya rechazaron en varias ocasiones, con anterioridad, derogar las reglas que se implantaron por la ley que sirvió para materializar la reforma laboral del año 2012. Concretamente, Magdalena Valerio declaró que “la reforma laboral no se puede derogar alegremente” y que “hay que analizar toda la reforma laboral en su conjunto y ver cuáles son los aspectos que consideramos de manera dialogada y consensuada que hay que derogar”.

 

La contrarreforma laboral que desea lograr Pedro Sánchez le podría ayudar a conseguir más votos, pero también podría servir para incrementar el paro, pues muchos son los empresarios que, ante el miedo de la implantación de reglas más inflexibles en el Derecho Laboral, preferirán reducir la plantilla de su empresa antes que sufrir, en el futuro, obstáculos para desarrollar su actividad mercantil.

 

No hay duda alguna sobre algunos aspectos lamentables de las consecuencias generadas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Sin embargo, para mejorar la situación del empleo en España, es necesario pensar sobre el modelo laboral existente, que, más que una reforma, requiere un cambio de concepción de los ciudadanos y una revolución que afectaría a muchos aspectos de las instituciones públicas y del sistema económico, que necesitan más transparencia y más objetividad.