España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho y la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, según el artículo 1.1 de la Constitución. Ese precepto sirve para entender la construcción del sistema político y jurídico en España.

 

Muchos dirigentes catalanes están justificando actuaciones que se desarrollaron en el marco de alzamientos públicos mediante la democracia, alegando que la ley no puede restringirla. El problema es que ellos mismos no parecen poder o querer entender que las normas son indispensables para poder garantizar una democracia.

 

La sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución y a las leyes garantizan que pueda existir una verdadera democracia, en la medida en que se podrá verificar, efectivamente, que constituyen una auténtica mayoría de sujetos los que mantienen determinadas pretensiones que desean satisfacer. A ese dato hay que añadir que la legalidad previene la degradación de la democracia por servir para evitar que se entienda como grupo mayoritario a los que, siendo minoritarios, hacen más ruido que el resto de ciudadanos, promoviendo la legitimidad de las decisiones adoptadas con un marco procedimental que sirva para actuar con objetividad y sin manipulaciones.

 

Poner la democracia por encima de la ley solo sirve para fomentar la democracia y garantizar que sean unos pocos los que, manipulando a una amplia parte de la ciudadanía, puedan conseguir alcanzar sus objetivos sin objetividad e imparcialidad y facilitando una absoluta opacidad. Además, hablando de la democracia para darle más trascendencia que a la ley se puede restringir a la población para que solo se tengan en cuenta, dentro de lo que se califica de manera interesada como “democracia”, aquellas opiniones que se ajustan a unos dogmas específicos, de modo que se excluya o margine a los que sean considerados como disidentes.

 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 42/2014, de 25 de marzo, indica que el artículo 1.2 de la Constitución “atribuye, por tanto, con carácter exclusivo la titularidad de la soberanía nacional al pueblo español, unidad ideal de imputación del poder constituyente y, como tal, fundamento de la Constitución y del Ordenamiento jurídico y origen de cualquier poder político (SSTC 12/2008, FJ 4; 13/2009, FJ 16; 31/2010, FJ 12)”, siendo necesario destacar que “Si en el actual ordenamiento constitucional solo el pueblo español es soberano, y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano”, de modo que “Un acto de este poder que afirme la condición de “sujeto jurídico” de soberanía como atributo del pueblo de una Comunidad Autónoma no puede dejar de suponer la simultánea negación de la soberanía nacional que, conforme a la Constitución, reside únicamente en el conjunto del pueblo español”, sin que quepa “atribuir su titularidad a ninguna fracción o parte del mismo”. Por tanto, si los independentistas catalanes quieren democracia, deben aprovecharla, pero sabiendo que la misma abarca a todo el pueblo español y no solo a los que les siguen el juego.