Las sesiones del juicio oral por la intervención de los dirigentes secesionistas en Cataluña se están retransmitiendo públicamente. Concretamente, es posible contemplar el desarrollo de las vistas a través de www.poderjudicial.es, aunque también es posible la visualización de las mismas en la página web de diferentes medios de comunicación, como El País, El Mundo y El Confidencial.

 

El artículo 24 de la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a un proceso público y el artículo 120 de la mima norma dice que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. La Sentencia del Tribunal Constitucional 30/192, de 1 de junio, indica al hablar de esos preceptos que “el principio de la publicidad de los juicios garantizado por la Constitución (art. 120.1) implica que éstos sean conocidos más allá del círculo de los presentes en los mismos, pudiendo tener una proyección general”, debiendo destacarse que “Esta proyección no puede hacerse efectiva más que con la asistencia de los medios de comunicación social, en cuanto tal presencia les permite adquirir la información en su misma fuente y transmitirla a cuantos, por una serie de imperativos de espacio, de tiempo, de distancia, de quehacer, etc., están en la imposibilidad de hacerlo”. Además, la misma resolución señala que “Este papel de intermediario natural desempeñado por los medios de comunicación social entre la noticia y cuantos no están, así, en condiciones de conocerla directamente, se acrecienta con respecto a acontecimientos que por su entidad pueden afectar a todos y por ello alcanzan una especial resonancia en el cuerpo social”.

Permitir la retransmisión del juicio oral por las actividades de determinados líderes independentistas sirve para demostrar dos cosas. La primera es que el Estado español, al contrario de lo que dicen muchos defensores del independentismo catalán, no es un Estado opresor. La segunda es que los acusados, que se encuentran ingresados en prisión provisional por el peligro de reiteración delictiva y por el riesgo de fuga, no son presos políticos, sino sujetos que podrían haber caído en la tentación de huir a Bélgica o a Alemania para evitar su enjuiciamiento y eludir los efectos de una eventual condena por hechos que pueden haber cometido con la finalidad de atentar contra el ordenamiento jurídico español.

 

En cualquier caso, es cierto que siempre habrá excusas para los secesionistas catalanes que pretendan seguir llamando “dictadura” al régimen político español. Sin embargo, solo es necesario, para debatir, observar los hechos, que sirven para comprobar que España no es, precisamente, un país dictatorial, como se deduce de las conclusiones de distintos organismos internacionales y de las conductas desarrolladas por algunos que, en otros Estados, ya les habría ocasionado la imposición de un castigo mucho más severo del que pueda llegar a imponerse a los secesionistas acusados en el caso en el que sean condenados.