El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se configura como un órgano independiente, con plena capacidad jurídica y de obrar y cuenta con una estructura sencilla que, a la vez que garantiza su especialización y operatividad, evita crear grandes estructuras administrativas ejerciendo competencias de promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública, de control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía del derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Lo gracioso es que, desde su creación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dictado 367 resoluciones determinando la publicación de documentos cuya difusión quería evitar la Administración General del Estado. De todas esas resoluciones, se han cumplido 161, quedando 166 sin cumplir por omisiones del organismo administrativo correspondiente o por la interposición de recursos contencioso-administrativo contra las mismas.

La Administración General del Estado ha conseguido instrumentalizar los defectos y los colapsos que sufre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de dos maneras para no ser transparente por dos vías. La primera es muy simple y se basa en impugnar ante el órgano jurisdiccional competente algunas resoluciones del Consejo de Transparencia. La segunda se aprovecha con más disimulo, pues se produce una inactividad administrativa que podría dar lugar al inicio de un proceso jurisdiccional contencioso-administrativo.

Lo que está sucediendo con la transparencia es una ralentización de la publicación de archivos que, en el presente momento, podrían perjudicar a dirigentes públicos. De ese modo, se consigue retrasar, con dilaciones procedimentales y omisiones administrativas, la divulgación de los documentos que se intentan esconder durante el mayor tiempo posible para qué, cuando se imponga su publicación, carezcan de relevancia o resulten inocuos.

Ha quedado claramente demostrado que la Ley 19/2013 no fue más que un brindis al sol que tenía por objeto hacer un atractivo y gran cambio normativo sin eficacia práctica. Con esa norma solo se ha conseguido crear un entramado organizativo con escasa utilidad y que ha ayudado a acreditar que la transparencia retardada no es transparencia.