Pedro Sánchez lleva bastante tiempo apoyando una modificación del sistema fiscal español que impida a algunas Comunidades Autónomas establecer reducciones y beneficios fiscales que permitan fijar una menor tribulación para sus residentes que la que tienen los de otros territorios autonómicos. Principalmente se ha hablado de la Comunidad de Madrid, a la que se ha hecho referencia en numerosas ocasiones por conocidos dirigentes del PSOE, que han acusado a los líderes políticos madrileños de fomentar el “dumping fiscal”, técnica típica de los Estados que tienen la consideración de paraíso fiscal por tener reglas tributarias que facilitan una presión fiscal inferior a la que tienen los demás países.

 

Hace varios meses, María Jesús Montero mostró su intención de igualar la fiscalidad en todas las Comunidades Autónomas, principalmente en lo que respecta a los impuesto sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones, con la visible intención de procurar que Madrid o Andalucía tengan una normativa tributaria equivalente a las de las demás entidades autonómicas, a pesar de que podría ser más deseable garantizar que todas las Comunidades Autónomas tengan una financiación por tributos más parecida a la de Madrid.

 

Si Pedro Sánchez desea acabar con lo que considera una clara discriminación fiscal, tendrá que lograr una recentralización de las competencias legislativas en materia tributaria con una reforma de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. El problema es que no es sencillo modificar esa norma, pues se requeriría la aprobación de la modificación por la mayoría absoluta del Congreso y el PP, Vox, Ciudadanos y los partidos nacionalistas se opondrían a una alteración legislativa en el sentido propuesto por el PSOE, que solo podría contar con el apoyo de Unidas Podemos, de manera que resulta inviable en el presente momento equiparar la tributación en las Comunidades Autónomas del modo pretendido por Pedro Sánchez.

 

Si se quiere y se puede alterar la fiscalidad para que sea equiparable en todas las Comunidades Autónomas, que se impulsen las iniciativas necesarias para ello. Sin embargo, en ese caso, sería también deseable que se igualara la educación en toda España, garantizando que los niños del territorio nacional reciban la misma formación e información sin discriminación por razón del territorio.