El Parlamento de Cataluña reprobó a Felipe VI el pasado día 11 de octubre, por “el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán”, ya que consideran que el discurso que dio tras los sucesos del día 1 de octubre de 2017 sirvió para justificar el uso de la fuerza por el Estado. Además, la resolución de censura incluye una declaración en la que se manifiesta el compromiso del Parlamento catalán con la República catalana que algunos quieren fundar.

Ya se ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad por el Gobierno contra la resolución del Parlamento de Cataluña conforme al artículo 161.2 de la Constitución, aunque el Consejo de Estado ha dictaminado que la citada resolución tiene una naturaleza más política que jurídica y que, al no tener efectos prácticos, no debería presentarse un recurso de inconstitucionalidad contra la misma. En cualquier caso, ahora le toca al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre un asunto bastante interesante, del que se pueden hacer diversos comentarios.

 

La Constitución establece que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria y, conforme al artículo 56 de la misma norma, “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”. Debido al carácter simbólico que tiene el Jefe del Estado, la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, de modo que sus actos estarán siempre refrendados por el Presidente del Gobierno, los ministros competentes y el Presidente del Congreso, que serán los responsables de los actos del monarca en los casos indicados en la norma, careciendo de validez sin dicho refrendo, a menos que se trate de la selección por el Rey de los miembros civiles y militares de la Casa Real.

 

El carácter puramente simbólico del Rey y la regla general del refrendo, que provoca que de los actos del Jefe del Estado sean responsables los sujetos que los refrenden, provoca que sea totalmente inviable e inconstitucional reprobar a Felipe VI, siendo cierto que, en todo caso, la reprobación debería dirigirse contra aquella persona que haya desarrollado el refrendo. En el caso del discurso del Rey tras los eventos del día 1 de octubre de 2017, hubo un refrendo tácito por Mariano Rajoy, que ya no se encuentra en el Gobierno.

 

Hay que tener presente que a los secesionistas catalanes les importa poco que se declare la inconstitucionalidad de sus resoluciones. Desde que se recrudeció el conflicto han estado optando por la vía de los hechos para presionar al Estado como más les ha convenido, sin que resulten trascendente para ellos las declaraciones, manifestaciones o resoluciones que se han llegado a emitir por los poderes públicos en contra de la independencia de Cataluña.