La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, añade un nuevo párrafo en el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. El precepto indicado ahora establece que “Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho”, entendiéndose que no existe transparencia en las cláusulas que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles. Por lo indicado, resulta fácil comprender la relevancia de la transparencia, pues, según la Sentencia del Tribunal Supremo 241/2013, garantiza “que el consumidor está en condiciones de obtener, antes de la conclusión del contrato, la información necesaria para poder tomar su decisión con pleno conocimiento de causa”.

 

Ciertamente, como señala Ymer Isaac González Rodríguez en un artículo titulado “Modificación de la LGDCU por parte de la Ley 5/2019: ¿Nulidad automática de las cláusulas no transparentes?”, que fue publicado en NoticiasJurídicas, “lo cierto es que el legislador al incluir este nuevo apartado genera cierta confusión sobre los distintos controles a los cuales debe ser sometida una condición general de contratación en un contrato con un consumidor y usuario”, ya que “el desconcierto puede surgir a la hora de interpretar si, constatada la falta de transparencia de una cláusula o condición contractual concreta, debe declararse la abusividad eo ipso, y por lo tanto la nulidad de la condición, sin entrar a valorar si genera un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato, o si vulnera cualquier otro precepto de la Ley”. Sin embargo, parece que el nuevo contenido del artículo 83 del Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios es, simplemente, una regla redundante, ya que el artículo 53 de la norma ya establecía con anterioridad a la reforma producida por la Ley 5/2019 que “A cualquier acción de cesación podrá acumularse siempre que se solicite la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, así como la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas o prácticas”.

 

No son pocas las ocasiones en las que se han aprobado modificaciones legales que resultan redundantes, inútiles y hasta problemáticas por haber generado desconcierto. El problema es que esas reformas, en muchos casos, no sirven para alterar la realidad que, teóricamente, habría que mejorar.