Cuando a finales de 2018 comenzó el juicio contra algunos de los responsables del frustrado golpe de Estado en Cataluña (parte 1ª, pues el intento de golpe continúa), y después de unas primeras sesiones que sembraron algunas dudas sobre la firmeza del Tribunal, el juez Manuel Marchena Gómez se convirtió rápidamente en una especie de “adalid” del Estado de Derecho, en un ariete de la Justicia (con mayúscula), un personaje admirado y aplaudido por todos los españoles, amplísima mayoría, que pensamos que la Justicia debe ser inclemente con estos políticos delincuentes, no solo para que paguen por sus fechorías sino –sobre todo– para que en el futuro ellos u otros se piensen muy mucho cualquier actuación en contra del orden constitucional y de la unidad de España.

El magistrado Marchena disfrutaba de un cierto aura de honestidad, integridad e independencia, al haber rechazado pocos meses antes su nombramiento como Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, uno de los más importantes cargos en la judicatura española –si no el que más–, aparentemente por haberse enterado de que ese nombramiento había sido ‘pasteleado’ en secreto entre PP y PSOE, aunque muchos sospechamos en su momento que el verdadero motivo de su espantada no fue el haberse enterado del chanchullo, sino el que el chanchullo se conociera públicamente, pues es muy poco creíble que el candidato fuera propuesto sin tener pleno conocimiento de los entresijos de la propuesta. Sea como fuere, cuando se inició el juicio casi todo el mundo pensaba que Marchena era el más idóneo para presidir el Tribunal y que iba a aplicar la Ley de modo riguroso e independiente de las presiones políticas.

Durante la vista oral, tanto en las testificales como en las declaraciones de los acusados, Marchena se mostró firme e inflexible con los procesados y, especialmente, con los testigos de la defensa, que en muchas ocasiones intentaron convertir el juicio en un acto político o se negaban a contestar las preguntas de las acusación particular, Vox, tanto es así que los videos con fragmentos del juicio en los que Marchena “ponía firmes” a los rebeldes corrían por las redes sociales como la pólvora y eran aplaudidos por los defensores de la legalidad y el Estado de Derecho. Las preguntas o aclaraciones que pedía a los testigos de la acusación, muchos de ellos agentes de policía o guardias civiles que habían tenido que actuar contra los rebeldes, hacían pensar que la sentencia se encaminaba a tipificar el delito como REBELIÓN (alteración del orden constitucional), como no podía ser de otro modo y como había documentado brillantemente el juez Llarena en su cuidadosa instrucción, como pedían los fiscales (a pesar de las presiones del Gobierno, a través de la nueva Fiscal General del Estado, una tal María José Segarra, que en Andalucía había servido con diligencia a sus amos facilitando desde la fiscalía el sobreseimiento o la atenuación de las penas en varios casos de corrupción del PSOE), como pedía la acusación particular y como también había pedido el jefe de la Sección Penal de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal, hasta que le defenestraron. Todos creímos, en definitiva, que Marchena, efectivamente, iba a cumplir con su deber, sin plegarse a las presiones del Gobierno para conseguir una sentencia lo más blanda posible que molestara lo mínimo posible a sus socios y amigos golpistas, para garantizarse su apoyo (si fuera necesario) tras el 10-N. Creímos que Marchena era un león, tan fiero como nos lo pintaban.

Pero llega el infausto 14 de octubre, cuando se conoció el fallo y la sentencia (previa escandalosa filtración a los medios) y, para sorpresa de casi todos, tipifican el delito como simple SEDICIÓN (esto es, quebrantamiento del orden público), además de malversación de caudales públicos, este segundo delito inevitable por evidente, a pesar de que Marchena y sus acólitos probablemente se hayan estrujado los sesos para intentar buscar algún atenuante. Y no solo eso, sino que ni siquiera se obliga a los rebeldes el cumplimiento de la mitad, al menos, de la condena como exigía la Fiscalía, para facilitar sus salida de la cárcel lo antes posible, como seguramente ha comprometido Sánchez con sus cómplices.

La descripción de los hechos que hace el Tribunal, para justificar su fallo –evidentemente injustificable- podría pensarse que es una broma, si no fuera un asunto tan trascendente: todo se trató de una simple “ensoñación”, de una especie de teatro, llevado hasta sus últimas consecuencias, para forzar al gobierno de la Nación a negociar un referéndum “legal” (sic) y conseguir así la independencia. Y no contentos con ese insulto a la inteligencia de cualquiera con un mínimo de sentido común, justifican también el fallo con otro argumento peregrino: convenía un fallo unánime, sin votos particulares en contra, para reducir el riesgo de que la sentencia fuera invalidada por los tribunales europeos. ¡Agárrense a la silla!: unanimidad en la mentira y en la prevaricación.

¿Qué ha pasado? Si descartamos que los miembros del Tribunal haya sufrido en el momento de redactar la sentencia un episodio ‘unánime’ de enajenación mental transitoria, solo caben dos explicaciones racionales, ambas igual de graves: (1) Marchena era, desde el principio, un “agente doble”, al servicio de los espurios intereses de Sánchez, eso sí un “agente doble” muy profesional, con una capacidad sobresaliente de teatralización y engaño; o (2) Marchena (al igual que sus cinco colegas del Tribunal) es un cobarde, que en el momento de la verdad, bien sea por miedo a las represalias o porque le han prometido algo a cambio (ya veremos si no acaba de ministro si tenemos la desgracia de que Sánchez sea investido Presidente después del 10-N), se ha “rajado” y, actuando en contra de su conciencia ha fallado al dictado del socio de los golpistas. Uno de esos perritos falderos, que ladran mucho y enseñan los dientes con aparente fiereza, como si te fueran a devorar, pero que en cuanto das un pisotón un poco más fuerte de lo normal huyen con el rabo entre las piernas. Y, sea cual sea la razón de su marcha atrás, un traidor a España y a la Justicia.

La sentencia de marras es gravísima, por dañina, pues no solo facilita que los autores probados del frustrado golpe de Estado puedan salir a la calle, y volver a las andadas, en un plazo máximo de un par de años, sino que al sentar jurisprudencia, como todas las sentencias del TS, facilita la impunidad de los que ya en estos momentos están haciendo lo mismo que en su día hicieron los condenados. El tribunal presidido por Marchena, sin ningún pudor, se ha convertido en legislador, inventando una serie de condiciones que se deben cumplir para tipificar un delito como rebelión, condiciones que no aparecen en ningún texto legal. No solo han sido injustamente blandos y condescendientes con estos delincuentes, sino que despejan el camino a los que todavía no han sido procesados para que puedan seguir atentando contra el orden constitucional con las espaldas bien cubiertas por la decisión de Marchena y sus acólitos.

El juez Marchena puede ser cualquier cosa menos un ignorante o un tonto, de modo que debe ser muy consciente del daño irreparable que con su cobardía y servilismo ha hecho a España, por lo que si tiene conciencia (lo que está por ver) debería tener muchas dificultades para conciliar el sueño y para mirar a los ojos a todos a los que ha engañado y defraudado.