Isabel Celáa afirmó en un congreso el pasado día 14 de noviembre que “de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza”, añadiendo después que “esos hechos, los de elegir centro, formarán parte de derechos que puedan tener los padres, madres en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución”. Lo kafkiano es que, observando el artículo 27 de la Constitución, se puede comprobar que el mismo precepto determina que “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” y que “Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”.

 

Ciertamente, la ministra Isabel Celáa ha demostrado escaso talento con la lectura, pues no ha entendido debidamente el artículo 27 de la Constitución y ha manipulado la Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, de 13 de febrero, que se refiere a los límites del ideario de los centros privados y determina que “Del principio de libertad de enseñanza deriva también el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que desean para sus hijos (art. 27.3)”. El único argumento que podría aproximarse a lo afirmado por la ministra de Educación en funciones es el relativo a los límites de la libertad de enseñanza, a los que se refiere la sentencia destacando, en relación con el conflicto entre la libertad de expresión y la libre creación de centros docentes, que “Aunque la libertad de creación de centros docentes (art. 27.6) incluye la posibilidad de crear instituciones docentes o educativas que se sitúan fuera del ámbito de las enseñanzas regladas, la continuidad y sistematicidad de la acción educativa justifica y explica que la libertad de creación de centros docentes como manifestación específica de la libertad de enseñanza haya de moverse en todos los casos dentro de límites más estrechos que los de la pura libertad de expresión”, pues “ésta (art. 20.4 de la Constitución) está limitada esencialmente por el respeto a los demás derechos fundamentales y por la necesidad de proteger a la juventud y a la infancia, el ejercicio de la libertad de creación de centros docentes tiene la limitación adicional, impuesta en el mismo precepto que la consagra, del respeto a los principios constitucionales que, como los del Título Preliminar de la Constitución (libertad, igualdad, justicia, pluralismo, unidad de España, etc.), no consagran derechos fundamentales, y la muy importante, derivada del art. 27.2 de la Constitución, de que la enseñanza ha de servir determinados valores (principios democráticos de convivencia, etc.) que no cumplen una función meramente limitativa, sino de inspiración positiva”. Posteriormente, el Tribunal Constitucional añade que “En un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales”, lo “que no impide la organización en los centros públicos de enseñanzas de seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 de la Constitución), es una característica necesaria de cada uno de los puestos docentes integrados en el centro, y no el hipotético resultado de la casual coincidencia en el mismo centro y frente a los mismos alumnos, de profesores de distinta orientación ideológica cuyas enseñanzas se neutralicen recíprocamente”.