Los juzgados de lo contencioso administrativo número 2, 9 y 21 de Madrid han dado este lunes la razón a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, huidos de España tras los eventos protagonizados por los dirigentes secesionistas, revocando la resolución de la Junta Electoral Central, que los había excluido de la lista de Lliures per Europa al determinar que no eran elegibles por no encontrarse inscritos correctamente en el censo y haberse convertido en acusados rebeldes. De ese modo, los tres órganos jurisdiccionales siguieron el criterio establecido por el Tribunal Supremo el pasado día 5 de mayo.

 

Hay que tener presente que la Junta Electoral Central basó su resolución señalando que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí no se encontraban inscritos debidamente en el censo electoral y que, por el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. Sin embargo, los juzgados de lo contencioso administrativo número 2, 9 y 21 de Madrid han establecido que los implicados pueden participar en las elecciones al Parlamento Europeo en la medida en que el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General indica que son inelegibles los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena y los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal, sin que se incluya a los acusados, que no pueden ser declarados inelegibles al no estar recogidos en el precepto por ocasionar una lesión al derecho de participación en los asuntos públicos que regula el artículo 23 de la Constitución.

 

Ciertamente, la legislación parece poco coherente, ya que una persona acusada y rebelde puede participar en unas elecciones y ser inhabilitado tras conseguir el cargo público. Por ese motivo, debería modificarse el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para convertir en inelegibles a aquellos que sean acusados rebeldes en procesos penales por la posible comisión de determinados delitos, como los de rebelión o sedición.

 

En cualquier caso, además de ser elegibles, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí son “detenibles”, pues, cuando vengan a recoger el acta a España en el caso en el que resulten elegidos como parlamentarios europeos, podrán ser detenidos mientras no sean investidos como tales, pues la inviolabilidad del cargo solo se consigue al adquirir el acta parlamentaria y, conforme al artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las autoridades tienen obligación de detenerles.