Las cuestiones de género están impregnando el ordenamiento jurídico de un modo amplio y contundente, causando la generación de reformas legislativas que pueden llegar a ser muy variopintas. Un buen ejemplo es el de las normas urbanísticas, que, dentro del Derecho Administrativo, se encargan de regular la configuración de las ciudades para la mejor gestión de los intereses municipales e inframunicipales en el marco de la ordenación del territorio, que sirve para administrar los intereses supramunicipales en las Comunidades Autónomas. La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, establece en su artículo 2.1 que el urbanismo es una función pública que tiene por objeto la ordenación, programación, dirección, supervisión, control y, en su caso, ejecución de la utilización o el uso del suelo, la transformación urbanística del suelo mediante la ejecución de la ordenación urbanística que se materializa en su urbanización y edificación, la construcción, la edificación y el uso, la conservación y la rehabilitación de construcciones, instalaciones y edificaciones.

 

En el País Vasco, algunos miembros del Gobierno autonómico se están planteando aprobar una normativa que obligue a los agentes de la edificación a construir viviendas con cocinas cuyas dimensiones no puedan ser inferiores a siete metros cuadrados. Con esta medida, se pretende fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en lo que respecta a la participación en el desarrollo de las tareas vinculadas con la preparación de la comida, de manera que los hombres no puedan alegar frente a las mujeres la imposibilidad de desempeñar tareas por no haber espacio suficiente para los miembros de ambos sexos.

 

La idea expuesta se ha construido a partir de la ideología de género y, por muy buenas que sean las intenciones, la medida resulta estúpida, pues el cambio de tamaño de las cocinas no implica necesariamente una alteración del comportamiento de aquéllos hombres que no quieren cocinar y que, por ello, se buscarán excusas más o menos estúpidas que las empleadas con las dimensiones de los fogones, que deben ser autóctonas del norte de España, pues rara vez se ha oído en los lares del sur del país que el reducido hueco de una cocina obliga a la mujer a cocinar excluyendo al marido.

 

Si se quiere garantizar la igualdad de los ciudadanos, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas deberían intervenir menos en la configuración de los pisos que se van a construir y preocuparse más por el incremento en la proyección y creación de bienes inmuebles que podría ayudar a resolver los graves problema urbanísticos vinculados con el difícil acceso a una vivienda digna. Precisamente, los encargados de idear el urbanismo de género en el territorio vasco tendrían que echar un vistazo a la Ley 6/2002 del País Vasco, que señala en su Exposición de Motivos que “Los altos precios de la vivienda y la escasez crónica de suelo del país hacen más necesario que nunca el fomento de un importante volumen de vivienda protegida, que por la capacidad adquisitiva de importantes capas de población, y sobre todo población joven, es la única vivienda que se adapta en precio a sus necesidades” y que “Una política de vivienda con enfoque social sólo puede pasar por el incremento significativo de esta oferta de vivienda protegida”.