Meritxell Batet, para evitar introducirse en una controversia política que pudiera perjudicar al PSOE y al PSC en las elecciones europeas, autonómicas y municipales del pasado día 26 de mayo, decidió solicitar un informe al Tribunal Supremo sobre cómo debía actuar la Mesa del Congreso en relación con la suspensión de los parlamentarios secesionistas que están interviniendo como acusados en la Causa especial 20907/2017, desarrollada por los delitos cometidos en el transcurso del proceso soberanista catalán.

 

Ciertamente, Meritxell Batet solicitó el informe esperando recibir una respuesta del Tribunal Supremo que, aceptando o rechazando la petición de la presidenta del Congreso, le ayudara a ganar tiempo para evitar proceder antes del día 26 de mayo con la suspensión de los parlamentarios secesionistas acusados. Lo gracioso es que el Tribunal Supremo respondió a la carta de Meritxell Batet desestimando la pretensión de la dirigente con mucha premura y por buenas razones, pues, conforme al artículo 117.4 de la Constitución, los juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que las vinculadas con juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, además de las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho, de manera que no corresponde al Tribunal Supremo la elaboración de informes por no tener ese órgano jurisdiccional funciones consultivas.

 

La única posibilidad para Meritxell Batet de pedir un informe sobre la suspensión de los parlamentarios secesionistas en las Cortes acusados estaba relacionada con el artículo 45 del Reglamento del Congreso, que indica que los Letrados prestarán en las Comisiones y respecto de sus Mesas y Ponencias, el asesoramiento técnico jurídico necesario para el cumplimiento de las tareas a aquéllas encomendadas, y redactarán sus correspondientes informes y dictámenes, recogiendo los acuerdos adoptados. La nueva presidenta del Congreso tenía que conocer ese precepto, de manera que resultó muy fácil descubrir sus intenciones dilatorias con fines puramente políticos, que deberían haber quedado al margen teniendo presente la gravedad de la situación.

 

El juego de pasar la pelota al Tribunal Supremo surtió parte del efecto deseado, pues se consiguió evitar la suspensión de los parlamentarios secesionistas acusados en la Causa especial 20907/2017 antes de las elecciones del pasado día 26 de mayo, aunque habrá que ver hasta que punto le mereció la pena.