La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2013 condenó a Amancio Ortega a pagar 33 millones de euros por el impago del Impuesto sobre el Patrimonio entre los años 2001 y 2003, que se justificó en una interpretación de la norma tributaria que servía para aplicar extensivamente una exención, sobre la que la resolución comentada llegó a indicar que el propio dueño de Inditex consideró que su interpretación “de la normativa aplicable era la correcta” de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, destacando que “precisamente el tema litigioso de fondo ha sido el de interpretar aquella normativa”, de manera que no existió un fraude, que habría producido una sentencia condenatoria dictada por un tribunal del orden jurisdiccional penal. Sin embargo, la noticia sobre la indicada sentencia ha comenzado a extenderse por redes sociales como si fuera una resolución reciente sobre un acto defraudatorio, pero sus características verifican que Amancio Ortega habría sido acorralado por Hacienda si efectivamente hubiera creado artificios para evitar ilegalmente el pago de impuestos.

 

Son muchos los defensores de Podemos que, para justificar la veracidad de las palabras de Pablo Iglesias e Isabel Serra sobre Amancio Ortega, pueden hacer todo lo posible por extender la idea de que se ha acreditado la defraudación fiscal del dueño de Inditex. Sin embargo, lo único que se ha demostrado es que la normativa fiscal resulta en muchos casos imprecisa y ambigua, particularidades que provocan que su redacción permite una interpretación y la contraria, con toda la inseguridad jurídica que ello implica para los ciudadanos, la que se refiere la Declaración de Granada de 2018, firmada por varios reconocidos profesores de Derecho Financiero, al señalar que “el legislador usa en demasiadas ocasiones expresiones difícilmente comprensibles, permanentes remisiones normativas y otras fórmulas similares que hacen poco menos que imposible no ya la interpretación de los textos legales o reglamentarios, sino su propia comprensión, incluso por parte de los especialistas en la materia”.

 

Amancio Ortega no ha cometido delito fiscal alguno hasta el presente momento, pero aquellos que le llaman defraudador fiscal si que podrían estar cometiendo un delito de calumnias del artículo 205 del Código Penal, pues están atribuyendo delitos al dueño de Inditex “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.