La Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla 490/2019 recoge la primera resolución sobre el fondo de la trama de corrupción de los ERE sirve para vislumbrar el alcance de un programa institucionalizado que, durante años, se aplicó por dirigentes vinculados con la Junta de Andalucía para distraer 680 millones de euros de dinero público, que debían ir destinado a ciudadanos desempleados. En torno a los caudales públicos perdidos por el camino de la corrupción del PSOE se plantea el problema de su recuperación total.

 

Hay que reconocer que la curiosa actuación del Gobierno andaluz, que se postuló como parte acusadora para retirarse después en el juicio oral de manera que no se pudiera ejercitar la acción de responsabilidad civil derivada de los hechos enjuiciados, dificulta mucho la restitución del dinero malversado. Sin embargo, es posible pensar en la responsabilidad civil, exigible ante la Jurisdicción Civil, y la responsabilidad contable de algunos de los condenados, que se puede exigir por el Tribunal de Cuentas para conseguir el dinero público indebidamente empleado para la paz social andaluza.

 

En lo que respecta a la responsabilidad civil, la exigencia de la misma implicaría el inicio de un proceso civil declarativo que tardaría años en desarrollarse y que, terminando con una sentencia estimatoria de la demanda, podría resultar ineficiente por los problemas que se encontrarían en la ejecución por la insuficiencia de bienes de los deudores.

 

En lo que respecta a la responsabilidad contable, la exigencia de la misma lleva algunos años estudiándose por el Tribunal de Cuentas. Es necesario tener presente la regulación contenida en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, que establece el régimen jurídico del supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. La norma citada determina en su artículo 38 que “El que por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados”, pudiendo haber responsabilidad directa o responsabilidad subsidiaria. La primera se fija para los que hayan ejecutado, forzado o inducido a ejecutar o cooperado en la comisión de los hechos o participado con posterioridad para ocultarlos o impedir su persecución, siendo cierto que la segunda se concreta para los que, por negligencia o demora en el cumplimiento de obligaciones atribuidas de modo expreso por las leyes o reglamentos, hayan dado ocasión directa o indirecta a que los caudales públicos resulten menoscabados o a que no pueda conseguirse el resarcimiento total o parcial del importe de las responsabilidades directas.

 

El problema es que, existiendo un buen mecanismo jurídico para recuperar el dinero malversado con los ERE, el Tribunal de Cuentas dejó a Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán, ex consejeros andaluces de Economía y Hacienda, fuera de la responsabilidad contable por las irregularidades en la aplicación y gestión de los fondos de subvenciones gestionadas por la Junta de Andalucía entre 2001-2009, centrando su investigación en la actuación de los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, algo que, a la luz de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla 490/2019, ha resultado ser un grave error, pues debería ser exigible la responsabilidad contable de Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán atendiendo a su responsabilidad penal, que revela indicios suficientes para entender que hay, al menos, responsabilidad contable subsidiaria de ambos dirigentes. Además, será muy complicado encontrar bienes y derechos de los responsables contables con los que poder lograr su restitución, aunque todavía habrá que mantener la esperanza y desear que los ciudadanos de Andalucía aprendan las implicaciones de no castigar la corrupción en las urnas por minusvalorar sus consecuencias para la sociedad.