La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia para condenar a un abogado a pagar una indemnización de 3.658.980,06 euros por omitir las actuaciones de información e impugnación de la sentencia que se dictó en un asunto llevado por él ante el Tribunal Superior de Justicia, que podría haber sido revocada por el Tribunal Supremo mediante la interposición del recurso de casación. La cuantificación de la indemnización se ha realizado partiendo de la idea de que el recurso de casación habría sido probablemente estimado por el Tribunal Supremo, de modo que se especifica el valor de la indemnización conforme al beneficio que probablemente habría obtenido el perjudicado en el caso de interponerse el recurso de casación. Son varias las cuestiones que se derivan de la sentencia señalada, cuyo contenido merece ser destacado.

 

En relación con la cuestión del vínculo entre el abogado y su cliente, hay que destacar que, conforme a los artículos 1542 y 1544 del Código Civil, se debe a un contrato de prestación de servicios, con todo lo que ello implica para su ejecución. Por ese motivo, la Sentencia del Tribunal Supremo 186/2007, de 26 de febrero, indica que “La especial obligación profesional o de dirección técnica de un proceso es una obligación de medios, es decir, de desplegar la actividad profesional con la diligencia y acorde con su su lex artis, sin que se garantice su resultado” y la Sentencia del Tribunal Supremo 996/2005, de 14 de diciembre, expone la misma idea señalando “que no se trata de que el Abogado haya de garantizar un resultado favorable a las pretensiones de la persona cuya defensa asumió, si no de que ponga en disposición de su cliente todos los conocimientos, la diligencia y la prudencia que se esperan de un profesional del derecho, y que en condiciones normales debería haber hecho, como es la formulación y personación en forma para sostener el recurso de apelación”.

 

La Sentencia del Tribunal Supremo 739/2013, de 19 de noviembre, establece, al hablar de la responsabilidad civil de los abogados, que “En relación con la responsabilidad civil contractual de los abogados por negligencia en el desempeño de su actuación profesional, y más concretamente en relación con la identificación del tipo de daño causalmente vinculado con aquella, la doctrina jurisprudencial viene manteniendo (entre las más recientes, SSTS de 9 de marzo de 2011, rec. nº 1021/2011; 27 de septiembre de 2011, rec. nº 1568/2008; 27 de octubre de 2011, rec. nº 1423/2008, y 28 de junio de 2012, rec. nº 546/2009) que cuando el daño consiste en la frustración de una acción judicial, el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada, como sucede en la mayoría de las ocasiones -y, desde luego, en el caso enjuiciado-, tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico”, lo cual explica que, “en orden a su valoración económica, no pueda confundirse la valoración discrecional de la compensación que corresponde al daño moral con el deber de hacer un cálculo prospectivo de oportunidades del buen éxito de la acción, que corresponde al daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidades, que puede ser el originado por la frustración de acciones procesales”, pues “Mientras todo daño moral efectivo, siempre que deba imputarse jurídicamente a su causante, debe ser objeto de compensación, aunque sea en una cuantía mínima, la valoración de la pérdida de oportunidades de carácter pecuniario abre un abanico que abarca desde la fijación de una indemnización equivalente al importe económico del bien o derecho reclamado, en el caso de que hubiera sido razonablemente segura la estimación de la acción, hasta la negación de toda indemnización en el caso de que un juicio razonable incline a pensar que la acción era manifiestamente infundada o presentaba obstáculos imposibles de superar y, en consecuencia, nunca hubiera podido prosperar en condiciones de normal previsibilidad, pues en este caso el daño patrimonial debe considerarse inexistente (SSTS de 20 de mayo de 1996, rec. nº 3091/1992, 26 de enero de 1999, 8 de febrero de 2000, 8 de abril de 2003, 30 de mayo de 2006, 28 de febrero de 2008, rec. nº 110/2002, 3 de julio de 2008 rec. nº 98/2002, 23 de octubre de 2008, rec. nº 1687/03 y 12 de mayo de 2009, rec. Nº 1141/2004)”. De todas estas afirmaciones se extrae que la falta de cumplimiento de los deberes de los abogados por negligencia generará el derecho a la indemnización para el afectado, pero habrá que acreditar que, en el caso de haber actuado el abogado de otro modo, no se habrían producido los daños causados al cliente, pudiendo destacarse que habrá que ir analizando cada caso, pues, según la Sentencia del Tribunal Supremo 772/2011, de 27 de octubre, sabiendo que “nadie puede prever con absoluta seguridad que la pretensión va a ser obtenida”, si “el profesional, con su conducta negligente ha impedido la posibilidad de conseguirlo”, habrá “vulnerado el derecho del perjudicado a obtener la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la Constitución Española”.