La Fiscalía Anticorrupción llevaba semanas preparando la petición de imputación de BBVA como persona jurídica por la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para realizar posibles espionajes producidos a partir del año 2010. Es cierto que los hechos que se investigan sucedieron en el año 2004, cuando, presuntamente, BBVA encargó a Cenyt, sociedad controlada por Villarejo, trabajos para defenderse del intento de Sacyr para la toma de control de la entidad, que implicaron seguimientos de personas y el rastreo de unas 15.000 llamadas, pero también se han conocido presuntos espionajes encargados por BBVA a Villarejo con posterioridad al año 2010, como ocurrió en el caso de Ausbanc, que podrían llevar a la imputación de BBVA por estar ya en vigor la Ley Orgánica 5/2010, que introdujo en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

 

Ante los acontecimientos que se avecinan, los abogados de BBVA van a alegar que la entidad contrató a Villarejo en beneficio exclusivo de Francisco González, su expresidente. De ese modo, se podría lograr la exclusión de la responsabilidad penal y la obtención de la condición de perjudicado para BBVA.

 

El apartado a) del artículo 31 bis del Código Penal, por el que se puede exigir la responsabilidad penal de BBVA, establece que en los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. Sabiendo que los delitos cometidos pueden implicar una condena para la entidad, BBVA podría lograr su exoneración acreditando la adopción y ejecución de un modelo de cumplimiento normativo y de prevención de delitos, pero no parece posible entender que el plan puede servir para excluir la responsabilidad penal de la persona jurídica atendiendo a las circunstancias del caso, quedando, como única opción para evitar una sanción penal, demostrar que los contratos de la entidad con Francisco Villarejo se celebraron sin que hubiera beneficio para la entidad, habiéndose realizado los mismos para favorecer a Francisco González.