El brote de listeriosis por la carne mechada contaminada en el proceso de fabricación de Magrudis provocó que, a finales del pasado mes de agosto, hubiera 193 personas intoxicadas. Obviamente, se espera que haya consecuencias para cada uno de los sujetos intervinientes en estos eventos, cuya gravedad es notoria.

 

En primer lugar, existe responsabilidad civil de Magrudis. El artículo 135 del Real, establece que “Los productores serán responsables de los daños causados por los defectos de los productos que, respectivamente, fabriquen o importen”, debiendo destacarse que el artículo 136 de la misma norma señala que “Se entenderá por producto defectuoso aquél que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación”. Todo aquel que haya sido infectado por el brote de listeriosis, si puede demostrar, mediante un informe médico, que ha padecido dolencias por esa bacteria y que la misma accedió a su cuerpo por la carne mechada, tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que haya sufrido.

 

En segundo lugar, existe responsabilidad penal de las personas físicas cuya actuación negligente en el mantenimiento de la fábrica haya causado los daños. En todo caso, procederá una sanción penal por delitos de homicidio, lesiones y abortos imprudentes, ya que los administradores de Magrudis desarrollaron su conducta de una forma que no se ajustaba adecuadamente a la manera correcta de obrar según el deber objetivo de cuidado. Además, podría imponerse, si concurrieran ciertas condiciones, una pena por un delito imprudente del artículo 367 del Código Penal, al haberse fabricado y vendido por los gestores de Magrudis “comestibles destinados al consumo público y nocivos para la salud”, conforme al artículo 363 de la misma norma, como parece que puede haber ocurrido, aunque no habría que descartar una sanción por un delito doloso, que, por el artículo 363, implicaría una pena mayor y un castigo para la persona jurídica. Si se desarrollase un proceso penal por el asunto, también se declarará la responsabilidad civil de los condenados por la existencia de responsabilidad penal, existiendo responsabilidad civil subsidiaria de Magrudis.

 

En tercer lugar, es posible entender que existirá responsabilidad administrativa o responsabilidad penal de aquellas personas que, como agentes de la autoridad o funcionarios, hayan omitido el ejercicio de sus facultades de control para verificar el correcto funcionamiento de la fábrica. Sin embargo, no sería extraño que al final no hubiera consecuencias para los inspectores o coordinadores de los mismos por su pasividad, si no queda acreditado que obraron indebidamente.