Mediante un escrito registrado en el Tribunal Tribunal Constitucional el día 10 de abril de 2017, Sixto Delgado de la Coba interpuso recurso de amparo contra la Sentencia 116/2017, de 23 de febrero, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de casación interpuesto por el demandante frente a la Sentencia 280/2016, de 29 de abril, por la que la Audiencia Provincial de Madrid le condenó como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública. En el mismo, se impugna su condena por el empleo de la Lista Falciani, que vulneró sus derechos a la intimidad y a la tutela judicial efectiva al ser sancionado por delitos fiscales usando como prueba información obtenida sin su consentimiento, cuestionando que la conducta de Hervé Falciani no pueda ser relacionada con los procesos penales por defraudación fiscal posteriormente iniciados porque “el valor económico de la información que pretendía vender derivaba exclusivamente de su idoneidad para ser utilizada en los procesos penales de persecución de los delitos fiscales que 17 hubieran podido cometer los integrantes de la lista”, de manera que esa información si no era útil como prueba no tendría valor alguno.

 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de julio de 2019 ha desestimado el recurso de amparo declarando que no existe vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ni del derecho a la intimidad. El razonamiento de la resolución se basa fundamentalmente en la idea de que “la exclusión de los elementos probatorios obtenidos ha de ser, también en este tipo de supuestos, el punto de partida o regla general, si bien, en cada caso concreto, el órgano judicial puede apreciar, con arreglo a los parámetros que ya han sido expuestos, la ausencia de necesidades de tutela procesal en relación con la vulneración consumada, incorporando, en esos casos excepcionales, los elementos controvertidos al acervo probatorio”. Además, destaca la sentencia que “Desde el punto de vista de la índole y características de la vulneración” originaria en el derecho fundamental sustantivo, la tutela de la intimidad de los clientes de la entidad bancaria frente a la violación cometida por un empleado de ésta queda plenamente colmada con los procedimientos penales o civiles que puedan desplegarse en el país en el que se ha consumado esa intromisión inter privatos, sin que se observe ninguna conexión instrumental con el proceso penal español que suponga, de acuerdo con el art. 24.2 CE, una necesidad adicional de tutela jurídica de la intimidad dentro de dicho proceso que deba llevar indefectiblemente a un pronunciamiento de inadmisión de la prueba”, añadiendo que “No se han introducido dentro del proceso penal datos, como podrían ser los concretos movimientos de cuentas, que puedan revelar o que permitan deducir los comportamientos o hábitos de vida del interesado (SSTC 142/1993, de 22 de abril, FJ 7, y 233/2005, de 26 de septiembre, FJ 4)”, pues “Los datos controvertidos son, exclusivamente, la existencia de la cuenta bancaria y el importe ingresado en la misma”, de manera que “El resultado de la intromisión en la intimidad no es, por tanto, de tal intensidad que exija, por sí mismo, extender las necesidades de tutela del derecho sustantivo al ámbito del proceso penal, habida cuenta que, como ya se ha dicho, éste no tiene conexión instrumental alguna con el acto de injerencia verificado entre particulares”.

 

Ciertamente, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de julio de 2019 está muy bien fundamentada y recoge unos planteamientos bien encadenados. El problema es que la argumentación resulta de difícil encaje en algunos aspectos, analizados por el demandante de amparo, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso en el que conociera del asunto, podría dejar sin efectos la sentencia citada, ya que la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de mayo de 2017 establece, en relación con el derecho a la vida privada, que “una injerencia se considera como “necesaria en una sociedad democrática” para alcanzar un fin legítimo si responde a una “imperiosa necesidad social” y, en particular, si es proporcionada al fin legítimo que se pretende y si los motivos invocados por las Autoridades nacionales para justificarla se revelan “pertinentes y suficientes”” y que, “Si bien es a las Autoridades nacionales a quien corresponde en primer lugar juzgar si se cumplen todas estas condiciones, es al TEDH a quien corresponde resolver en definitiva la cuestión de la necesidad de la injerencia en función de las exigencias del Convenio (Coster c. Reino Unido [GC], no 24876/94, § 104, 18 de enero de 2001, y Bernh Larsen Holding AS y otros, anteriormente citada, § 158)”. El origen de la Lista Falciani y el modo en el que se obtuvo podría no ajustarse a la exigencias del Convenio Europeo de Derechos Humanos, provocando, en esa situación, la ineficacia probatoria de la misma.