Ya se han terminado de ejecutar las convocatorias correspondientes al año 2016 para las oposiciones de Gestión procesal, Tramitación procesal y Auxilio judicial. Hay algunas apreciaciones que se pueden exponer tras la celebración de los exámenes y la publicación de las calificaciones con la correspondiente adjudicación de las plazas.

 

El artículo 103.3 de la Constitución indica que “La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”. Como puede comprobarse, el acceso a la función pública debe desarrollarse garantizando los principios de mérito y capacidad, que se refieren a las aptitudes y al trabajo desarrollado por los aspirantes que deseen obtener una plaza, que tienen, conforme al artículo 23 de la Constitución, el derecho fundamental a “acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. El problema es que, en el caso de los exámenes para acceder a los cuerpos generales de la Administración de Justicia, también se exige demasiada estrategia y se olvida la igualdad.

 

Conforme al artículo 117.5 de la Constitución, “El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución”. Sin embargo, diversas resoluciones del Tribunal Constitucional han desvirtuado este precepto.

 

Hay que tener presente que la Sentencia del Tribunal Constitucional 163/2012, de 20 de septiembre, dice, por un lado, que el artículo 149.1.5 de la Constitución reserva al Estado como competencia exclusiva la Administración de Justicia, lo que “supone, en primer lugar, extremo éste por nadie cuestionado, que el Poder Judicial es único y a él le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y así se desprende del art. 117.5 de la Constitución; en segundo lugar, el gobierno de ese Poder Judicial es también único, y corresponde al Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2 de la Constitución)”, de modo que “la competencia estatal reservada como exclusiva por el art. 149.1.5 termina precisamente allí”. Por el otro lado, señala que “no puede negarse que, frente a ese núcleo esencial de lo que debe entenderse por Administración de Justicia, existe un conjunto de medios personales y materiales que, ciertamente, no se integran en ese núcleo, sino que se coloca, como dice expresamente el art. 122.1, al referirse al personal, “al servicio de la Administración de Justicia”, esto es, no estrictamente integrados en ella". Además, establece la resolución que, en la medida en que no resultan un elemento esencial de la función jurisdiccional y del autogobierno del Poder Judicial, “cabe aceptar que las Comunidades Autónomas asuman competencias sobre esos medios personales y materiales. Ciertamente, deslindar los elementos básicos del autogobierno era una tarea difícil de realizar en el momento en que se aprobaron los Estatutos de Autonomía y eso explica que se dejara ese deslinde al legislador orgánico, sin perjuicio del hipotético control de constitucionalidad de este Tribunal”, deduciendo que “lo que la cláusula subrogatoria supone es aceptar el deslinde que el Estado realiza entre Administración de Justicia en sentido estricto y “administración de la Administración de Justicia”; las Comunidades Autónomas asumen así una competencia por remisión a ese deslinde, respetando como núcleo inaccesible el art. 149.1.5 de la Constitución, con la excepción de lo dispuesto en el art. 152.1, segundo párrafo (STC 105/2000, de 13 de abril, FJ 2)» (STC 253/2005, de 10 de octubre, FJ 5)”.

 

Las consideraciones del Tribunal Constitucional han provocado que los procesos selectivos para ser gestor procesal, tramitador procesal o auxiliar judicial incluyan una prueba adicional poco deseable: la selección del ámbito territorial más adecuado para presentarse. Ese elemento, que atenta gravemente contra la igualdad de oportunidades de los opositores, es esencial en la medida en que conseguir grandes calificaciones en los exámenes de los procesos selectivos puede resultar inútil si el aspirante participa en las pruebas dentro de una Comunidad Autónoma con un gran nivel.

 

Solo hay que remitirse a los datos de las calificaciones. Hay personas que, en los exámenes de los tres cuerpos, han sabido jugar mejor con las reglas y que, por ese motivo, han logrado plazas que no han conseguido otros aspirantes con notas más elevadas.

 

Por motivos de simple lógica y de igualdad, los exámenes para acceder a los cuerpos generales de la Administración de Justicia deberían desarrollarse a nivel nacional y sin distinguir ámbitos territoriales para las diferentes Comunidades Autónomas en función de la delegación de competencias, para que todos los aspirantes a las plazas se presentaran a los exámenes en una única circunscripción. Posteriormente, se irían repartiendo las plazas en las diferentes provincias conforme a la escala de notas totales de cada opositor, como ya ocurre en otras oposiciones, como las de las pruebas de Judicatura y Fiscalía.

 

Destruir la distinción entre ámbitos territoriales en las pruebas para los cuerpos generales de Justicia serviría para reducir la incidencia de la estrategia en la obtención de las plazas, de modo que siempre aprobarían los que tuvieran las notas más altas, que, al contrario de lo que sucede ahora, no podrían ser descartados por haberse presentado en una Comunidad Autónoma con un nivel de exigencia más elevado.

 

El problema es que no parece fácil que la situación pueda cambiar. En las Comunidades Autónomas con competencias para gestionar la Administración de Justicia tienen su propio chiringuito y siempre preferirán que todo siga igual.