Desde el pasado día 1 de agosto, hay drones de la DGT controlando las carreteras, a los efectos de poder recoger imágenes con las que denunciar a los conductores infractores de manera eficiente. La puesta en marcha del proyecto, que ayudará a recaudar más con multas, debería servir para plantearse en qué modo se está incrementando el control del Estado sobre los ciudadanos en aquellos ámbitos que pueden ser vigilados de manera más efectiva por las entidades públicas correspondientes. Los medios tecnológicos, como los que constituyen los drones, ayudan a ello y presentan ventajas e inconvenientes pues, si bien es cierto que la gente muchas veces no cumple la normativa pensando que no están siendo observados, hay que destacar que el aprovechamiento de las multas administrativas como instrumento recaudatorio se ha convertido en una práctica habitual durante los últimos años, dadas las condiciones en las que se impone la sanción a través de la autotutela de las Administraciones Públicas, cuya actuación puede ser revisada únicamente de un modo ineficiente a instancia del afectado, que tendrá que asumir costes dinerarios y perder mucho tiempo para impugnar el acto administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

 

No se puede descartar la legalidad de la utilización de drones para lograr pruebas con las que castigar administrativa a los que vayan al volante contra las normas de tráfico. Sin embargo, habría que aplicar ciertas precauciones, correspondiendo a los dirigentes de la DGT encargados del asunto ser cuidadosos si no quieren que sus aparatos causen daños a terceros que deban ser resarcidos.

 

Ya que van a usar drones para cazar a conductores que atenten contra la legislación de seguridad vial, también podrían realizar reformas en aquellas carreteras peor dotadas y en las vías que se encuentran en mal estado. Para ello, podrían invertir una cantidad equivalente a la recaudada con los drones aprovechados para detectar a conductores infractores, aunque no parece ser ese el objetivo de los gestores públicos del control del tráfico.