Los abogados de Vox plantearon, en sus conclusiones definitivas, la acusación contra los líderes secesionistas contra los que se dirige la acción penal en la Causa especial 20907/2017 por la formación de una organización criminal, que se define legalmente como la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. El artículo 570 bis del Código Penal castiga esa conducta con penas de prisión que, para los delitos graves por los que se les acusa, llega a ser de cuatro a ocho años para los promotores y de dos a cinco años para los participantes.

 

Javier Ortega Smith indicó en los informes que los acusados crearon una organización estable y permanente para la comisión de un delito de rebelión que debía ejecutarse con unidad de acción conforme a un plan de distribución de funciones. Hay que tener presente que la Circular de la Fiscalía General del Estado 2/2011, sobre la reforma del Código Penal por Ley Orgánica 5/2010 en relación con las organizaciones y grupos criminales determina que “el concierto o coordinación entre los integrantes de la organización supone una cierta estructura organizativa adecuada para la comisión de los fines propuestos, de modo que la relación entre sus miembros y la distribución de funciones o roles estará vinculada a un esquema preestablecido, en muchas ocasiones, de carácter jerárquico” y que esa “estructura organizativa representa una peligrosidad superior a la que supondría la actuación individual o la actuación conjunta no coordinada, pues el reparto predeterminado de tareas conlleva un incremento en la eficacia de la actuación conjunta y en las posibilidades de obstaculizar su persecución y lograr la impunidad”.

 

Gracias a Vox se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de condenar a los líderes secesionistas acusados en la Causa especial 20907/2017 por pertenencia a una organización criminal. Ahora tendrá que ser el Tribunal Supremo el que valore la petición de Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, pudiendo comentarse que Manuel Marchena y sus compañeros deberán desarrollar sus labores con suma atención, ya que el Tribunal Supremo encontrará grandes obstáculos para rechazar los sólidos argumentos expuestos por Javier Ortega Smith y pocos problemas si decide aceptar la petición de los abogados de Vox siguiendo la jurisprudencia, que, en resoluciones como la Sentencia del Tribunal Supremo 238/2018, 22 de mayo, establece que, aunque “para la apreciación de la organización criminal no basta cualquier estructura distributiva de funciones entre sus miembros, que podría encontrarse naturalmente en cualquier unión o agrupación de varias personas para la comisión de delitos”, si que existirá una organización criminal cuando se pueda “apreciar un reparto de responsabilidades y tareas con la suficiente consistencia y rigidez, incluso temporal, para superar las posibilidades delictivas y los consiguientes riesgos para los bienes jurídicos apreciables en los casos de codelincuencia o, incluso, de grupos criminales”, como sucede con Oriol Junqueras y sus amigos, que tuvieron la finalidad de obstaculizar el cumplimiento de la Constitución y, para lograr ese objetivo, malversaron caudales públicos, según lo declarado por varios testigos.