El juicio oral del proceso penal dirigido contra los líderes secesionistas por el alzamiento público ejecutado para conseguir la independencia de Cataluña está sirviendo para observar diferentes problemas de naturaleza procesal y sustantiva vinculados con los hechos. Dos de los más relevantes, que se están observando por la torpeza manifestada por algunas preguntas que el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado plantearon a los acusados, se refiere al dolo y a la imputación objetiva.

 

En lo que se refiere al dolo, hay que destacar que el artículo 5 del Código Penal indica que no hay pena sin dolo o imprudencia, siendo cierto que, según el artículo 12 de la misma norma, los delitos imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley, que no recoge el delito de rebelión por imprudencia por motivos lógicos. La Sentencia del Tribunal Supremo 683/2006, de 26 de junio, explica qué es el dolo estableciendo que “El dolo, como elemento subjetivo común a todos los delitos dolosos, consiste en conocer y querer los elementos objetivos del correspondiente tipo de delito”, destacando que “La voluntad se revela porque el sujeto actúa teniendo ese conocimiento”, pues “opta por actuar conociendo esa certeza o esa probabilidad”.

 

En lo que se refiere a la imputación objetiva, hay que destacar que la Sentencia del Tribunal Supremo 403/2006, de 7 de abril, explica indicando que “La esencia de la teoría de la imputación objetiva radica en la idea de que el resultado lesivo debe serle imputado al acusado siempre y cuando dicho resultado sea la consecuencia o realización de un peligro jurídicamente desaprobado creado por aquél, pues si la víctima no se hubiera encontrado en la situación creada por el autor, no se hubiera producido el resultado que finalmente tuvo lugar”. La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2005 señala que “es la teoría de la imputación objetiva la que se sigue en la jurisprudencia de esta Sala para explicar la relación que debe mediar entre acción y resultado y vino a reemplazar una relación de causalidad sobre bases exclusivamente naturales introduciendo consecuencias jurídicas, siguiendo las pautas marcadas por la teoría de la relevancia” y que “En este marco la verificación de la causalidad natural será un límite mínimo, pero no suficiente para la atribución del resultado”. Por estos postulados, comprobada la necesaria causalidad natural, la imputación del resultado requiere además verificar si la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado y si el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro creado por la acción, que debe estar jurídicamente desaprobado. En el caso en el que faltara alguno de estos dos condicionantes complementarios de la causalidad natural, se eliminaría la tipicidad de la conducta y, consecuentemente, su relevancia para el Derecho Penal. Por ese motivo, es posible afirmar que sin causalidad, apreciada desde una ley natural por la relación entre causa y efecto, no se puede sostener la existencia de imputación objetiva, que no coincide necesariamente con la causalidad natural. De esta forma, solo es admisible establecer la relación entre la acción y el resultado cuando la conducta haya creado un peligro no permitido, es decir, jurídicamente desaprobado y el resultado producido haya sido la concreción de ese mismo peligro.

 

Las cuestiones realizadas por las partes acusadoras que han podido intervenir y las respuestas emitidas han servido para generar dudas sobre la posibilidad de incluir el alzamiento público dentro de un plan elaborado por los acusados para conseguir la independencia de Cataluña, pareciendo como probable que todo lo ocurrido con las actividades secesionistas durante los últimos dos años se deba a iniciativas sociales de ciudadanos defensores del independentismo catalán que no están siendo acusadas en el proceso. De ese modo, se dificulta que pueda llegar a acreditarse la comisión de un delito de rebelión o de un delito de sedición.

 

Todavía queda la práctica de otras pruebas que tendrán una gran relevancia en el momento en el que se deba valorar la existencia o inexistencia de hechos delictivos. Destaca, principalmente, el interrogatorio de los testigos, que pueden llegar a servir para lograr grandes revelaciones.