Ya se ha aprobado el informe de la RAE titulado “El buen uso del lenguaje inclusivo en la Constitución española”, que fue solicitado por el Gobierno para poder tener una visión académica adecuada sobre la posibilidad de reformar la Constitución con el objetivo de introducir en la norma fundamental del ordenamiento jurídico español el conocido como lenguaje inclusivo, que no es más que un lenguaje excluyente en el que, a base de diferenciar por sexos, se termina segregando y discriminando por razón del género lingüístico. El texto, como han expuesto Santiago Muñoz Machado y otros académicos, mantiene los postulados propios de la "doctrina Bosque", en la medida en que recoge una posición contraria a reformar la Constitución con la finalidad de efectuar un desdoblamiento lingüístico absolutamente innecesario.

Desde una perspectiva puramente jurídica, es una tontería modificar la Constitución para distinguir mujeres y hombres, pues la norma ya contiene referencias colectivas que abarcan a ambos sexos, haciendo distinciones para los casos en los que resulta necesario, como sucede con el artículo 32, referido al derecho a contraer matrimonio. A efectos formales y materiales, la Constitución ya es inclusiva, como se puede deducir de determinados preceptos que, como los artículos 2, 14 y 139, ya se refieren a los españoles en general, sin olvidar de otros preceptos en los que se habla de la persona sin diferenciar a españoles y extranjeros, algo que sucede con los artículos 10 y 24, entre otros muchos.

Si se reformara la Constitución para modificar el lenguaje, se produciría una revisión total de la misma y habría que aplicar el procedimiento agravado de reforma constitucional del artículo 168 de la norma, que requiere la aprobación del nuevo texto por dos terceras partes del Congreso y del Senado en dos legislaturas diferentes y la celebración de un referéndum de ratificación popular. Esa circunstancia debería ser suficiente para disuadir a cualquiera que quiera alterar la composición lingüística de la norma fundamental del ordenamiento jurídico español.

Querer imponer un lenguaje exclusivo constituye una imposición autoritaria que desnaturaliza la lengua y que solo puede servir para diferenciar a mujeres y hombres olvidando todo lo que comparten. De ese modo, se termina derribando la cohesión social, discriminando para conseguir que la colectividad de toda sociedad se diluya entre diversos grupos con intereses contrapuestos y cuyo enfrentamiento llevará a todos a un abismo de caos y desorientación humana.