En el siglo IV a. C., vio la luz una obra que contenía un pasaje sobre dos mundos: el de los sentidos o imaginario y el del conocimiento o real. En el interior de una caverna, unos prisioneros sólo eran capaces de percibir las sombras que sobre una de sus paredes proyectaba un fuego; y, a través de la interpretación de esas sombras, creían ellos que funcionaban las cosas. Pero fuera había otra vida que no necesitaba de más interpretaciones que su mera contemplación cognitiva, un tesoro al alcance de quien obrara el milagro de arrebatarse las cadenas de la ignorancia. Este metafórico episodio formaba parte de la República, y su autor respondía al nombre de Platón.

Durante todo el verano hemos sido testigos de las aventuras del Open Arms, ese buque de pabellón o-ene-geísta que surca caprichosamente el Mediterráneo gracias al combustible que pagamos todos los españoles mediante las millonarias subvenciones previamente detraídas de nuestros impuestos. En realidad, y aunque disfrazado de angelical rescatista de náufragos y refugiados, ese barco no es más que una gigantesca patera soltada en medio de la inmensidad del mar con la finalidad de remover las reblandecidas conciencias de unos veraneantes que, entre siesta del borrego y gin-tonic de sobremesa, han ido siendo teledirigidos cual perros de Pavlov para arribar al propósito deseado: que identificaran en las caras de esa pobre gente que iba en su interior la injusticia y el egoísmo a los que aboca el capitalismo, y que Europa cargara con la culpa de ello. De otra forma, y una vez recogidos en alta mar, ¿por qué simplemente no se les llevó a Túnez, que era el puerto más cercano?

En España, a quienes sin plegarse a la dictadura progre y al meapilismo centrista osan decir que la cuestión de fondo que hay que atajar de raíz es el negocio de la inmigración ilegal escondido detrás de las mafias que trafican con seres humanos en el norte de África y, además, sostienen que la única inmigración posible es la legal y ordenada, se les acusa ipso facto de racistas y de querer criminalizar a los extranjeros.

En respuesta a esa intolerancia, la izquierda, absurdamente secundada por esa colección de bobos que se autodefinen como centristas, alza la voz desde sus hiperfortificados casoplones para explicarnos ex cátedra que todos los extranjeros no son delincuentes —algo que, por lo visto, el resto de mortales no alcanzamos a entender—, e inmediatamente empiezan a florecer adalides del multiculturalismo y rapsodas que recitan las bondades del enriquecimiento que éste lleva aparejado.

A más inmigración, ¿más delincuencia?

Pues bien, parémonos un momento a intentar comprarle el argumento a la progrez y verifiquemos que no existe dato objetivo alguno que nos haga colegir que la delincuencia protagonizada por los extranjeros supera a la criminalidad cometida por los españoles. Para ello, y con el fin de demostrar que en lo que a continuación se va a exponer no hay trampa ni cartón, valgámonos de los datos oficiales del INE publicados en su propia página web.

  1. A) Éstas son las cifras de la población existente en España a 1 de enero de 2018, dividida por nacionalidad y sexos:

A tenor de este cuadro, cualquiera es capaz de inferir que el 90,22% de la población residente en nuestro país es española, frente al 9,78% que es extranjera (de la cual, un 4,14% es comunitaria y un 5,64% extracomunitaria). A su vez, del total de población, el 80,19% tiene ya cumplidos los 20 años: de ese porcentaje, el 90,17% son españoles y el 9,83% extranjeros (4,42% comunitarios y 5,41% extracomunitarios).

  1. B) Echémosle un vistazo ahora a esta otra estadística, que muestra el número de condenados en España por la comisión de delitos durante el año 2017 (advirtiendo que dicha estadística se refiere a personas mayores de 18 años):

Con esta segunda muestra, deberíamos pensar que el rojerío está en lo cierto: no se puede cargar contra los inmigrantes, porque delinquen mucho más los españoles que los extranjeros. Y es que, en efecto, el 77,30% de los condenados en 2017 fueron españoles, mientras que sólo el 22,70% había nacido fuera de nuestras fronteras.

Pero rememoremos y vinculemos esta tabla con la primera: atendiendo a la población mayor de 20 años, el 90,22% representa el 77,30% de condenas; y el 9,78%, el 22,70%. Algo no concuerda y, llegados a este punto, la cara del progre comienza a desencajarse; y no digamos ya la del autodefinido como centrista.

  1. C) Y observemos una última información, la que relaciona ya no en términos absolutos, sino relativos, las dos tablas anteriores:

¿Mande? Pese a esos incomprensibles tantos por ciento, algo nos dice que lo que predica la izquierda empieza a parecerse a un cuento chino. Porque, analizando el porcentaje de condenados en relación a la población que tiene 20 años o más, vemos que el 0,65% de los españoles fue condenado penalmente en 2017, proporción que se eleva hasta el 1,76% en el caso de extranjeros en general, y hasta el 2,15% en el de extracomunitarios.

 

Esto tiene una única lectura objetiva, libre de prejuicios y de pájaros merodeando las azoteas: que, en proporción al número de habitantes, son condenados por la comisión de delitos el triple de extranjeros que de españoles. Y si, dentro de los primeros, hablamos sólo de extracomunitarios, entonces la relación es de 4 a 1: por cada sentencia condenatoria contra un español, se dictan cuatro contra no comunitarios. Definitivamente, el progre ha recogido sus bártulos y se ha marchado; y el centrista… ¿qué centrista?

Estadísticas como las anteriores siempre son espesas de digerir, lo cual no es óbice para que, si se extrapolan, ofrezcan resultados que harían llevarnos las manos a la cabeza. Por ejemplo:

1)  De ser idéntico el número de extranjeros mayores de 20 años que el de españoles, la cantidad de condenados nacidos fuera de España llegaría a los 597.214 (recordemos: en 2017, se castigó a 220.562 españoles).

2)  De haber igual cantidad de hombres mayores de 20 años españoles que inmigrantes, nuestros jueces tendrían que haber dictado 475.985 sentencias condenatorias contra ciudadanos extranjeros (frente a las 173.383 que recayeron sobre los españoles).

3)  El mismo cálculo respecto de las mujeres supondrían 121.229 extranjeras condenadas (por las 47.179 españolas que hubo).

 

Las leyes están para cumplirse

Podríamos seguir tirando del INE; podría hablarse del repunte que cada año experimentan estas cifras; o, incluso, del número de hechos delictivos pertrechados por unos u otros que no encuentran respuesta penal por no haber sido denunciados o capturados sus autores. Sin embargo, todo ello resulta innecesario; pues, a tenor de esta mínima recopilación de datos expuestos, se atisba complicado continuar manteniendo el discurso progre contra aquellos que, lejos de afanarse en criminalizar a los extranjeros por el hecho de serlo, únicamente se limitan a constatar el día a día que les rodea.

Nadie duda de que la mayoría de las personas que fueron recogidas por el Open Arms sólo buscan un futuro mejor que aquel que han dejado en sus países de origen, y de que sus intenciones al llegar a Europa no sean otras más que darse a sí mismos y a sus familias la prosperidad que no encontraron en su tierra. Pero eso no quita para que esa Europa forzada a acogerles tenga la obligación de aplicar las leyes aprobadas por sus Parlamentos.

Por lo que afecta a nuestra nación, esa legalidad viene constituida por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que establece los requisitos que deben cumplir quienes quieran fijar aquí su residencia y lugar de trabajo, y que sanciona con la expulsión a todo aquel que infrinja esas condiciones; entre otras causas, por encontrarse en el territorio nacional de manera ilegal al no haber entrado conforme en ella se dispone. Abrir los brazos para recibir a quien esgrime como único mérito el haberse echado a la mar va directamente en contra de la normativa que nos hemos dado; no soluciona a largo plazo el verdadero problema que trata de paliarse improvisadamente; supone un agravio comparativo para quien entró en España cumpliendo como un Pepe los lentos y escrupulosos trámites administrativos exigidos al efecto; recrudece el efecto llamada; y, en definitiva, es un acto de irresponsabilidad presente y, sobre todo, futuro.

Ya lo decía el viejo brocardo: nemo dat quon non habet. Los políticos españoles han malinterpretado el concepto de Estado del bienestar, desposeyéndolo de su sentido subsidiario asistencial para convertirlo en un bufé libre y sin horario de cierre. Pero todo este tinglado que hay montado no se paga solo, y el sufrido contribuyente ya está harto de que se le esquilme a impuestos para dar cobertura continuamente a quien viene con las dos manos por delante, con el agravante de que ese pagano universal en que han convertido al español de a pie ve menoscabados sus derechos cuando quiere hacer uso de los servicios y prestaciones creados con el sacrificio de las generaciones pasadas y mantenidos con el esfuerzo de su trabajo. Porque, una vez aquí los rescatados, surgen las preguntas inevitables que parecen no importarle a nuestros gobernantes: ¿dónde van a vivir?, ¿de qué van a comer? Está claro que ningún casoplón hiperfortificado abrirá sus puertas para dar cobijo a esas desgraciadas criaturas víctimas de esta versión 2.0 de la esclavitud.

Y, por si fuera poco, a lo anterior hay que sumarle los gravísimos problemas de seguridad ciudadana que la inmigración descontrolada provoca, como podemos comprobar a diario a lo largo y ancho de toda la geografía hispana. Unos problemas que la izquierda, con la complicidad de esa derecha tonta autodenominada centrista, no quiere ver: ambas habitan en una Arcadia feliz, y a quien levanta la voz para indicar que el mundo real no puede observarse a través de las sombras vislumbradas desde el interior de una caverna lo tachan de racista, xenófobo e insolidario. ¡Ay, si Platón levantara la cabeza!