A un sujeto se le impuso la condena a 12 años de prisión porque en un ejecutó un atraco a un comercio en el que robó joyas por valor de más de 600.000 euros y en el que agredió al joyero, pero presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por considerar que se le había condenado por una prueba obtenida con la vulneración de derechos fundamentales. Concretamente, el condenado alegó que se habían vulnerado sus derechos a la intimidad y a la propia imagen por el visionado de la grabación en la que podía observarse como cometía el delito de robo con violencia por el que se le condenó.

Los hechos son claros, pues a un ladrón se le pudo identificar gracias a un archivo captado mediante la vigilancia mediante cámaras. El Tribunal Supremo rechaza el recurso de casación sobre el caso expuesto afirmando que “No existe, por ello, una invasión de un derecho constitucional como el de la propia imagen capaz de conseguir una nulidad de la prueba obtenida por el simple hecho de que la imagen de una persona encausada o investigada en una fase previa de investigación policial, y, luego, en el proceso penal se ha obtenido con el tratamiento de los datos realizados a instancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una cámara de grabación instalada con arreglo a la Ley de protección de datos” y que “Precisamente, el tratamiento de sus datos es legítimo y correcto su uso adecuado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en consecuencia, ello no provoca una injerencia en el derecho fundamental a la propia imagen capaz de afectar a la materia probatoria del proceso penal”, añadiéndose que “el perjuicio a la imagen no existe si no se comete un delito, como en este caso ocurre y se precisa por las Fuerzas y Cuerpos y seguridad del Estado la visualización de imágenes de personas sospechosas de la participación en el delito cometido, que es lo que en este caso ocurrió”. Ese razonamiento se entiende en la medida en que “el interés público de la seguridad ante el que no se puede pretender alegar el propio de la imagen cuando se ha participado en un hecho delictivo, como aquí consta probado, y la imagen de las personas que han intervenido se ha captado por la cámara de un comercio instalada en razones de prevención del delito en su núcleo de acción”.

Proteger los derechos a la intimidad y a la propia imagen de atracadores durante la ejecución de robos sería una locura por constituir una tutela exorbitante de derechos por cuya eficacia no se podría condenar a muchas personas en supuestos similares al analizado por el Tribunal Supremo en la sentencia comentada. Por ese mismo motivo, la valoración realizada sobre la interpretación del artículo 18 de la Constitución que se desarrolla por el Tribunal Supremo es absolutamente válida, pues en el conflicto de derechos hay que hacer una ponderación por la que se proteja al interés cuya tutela resulte más socialmente relevante para el ordenamiento jurídico. Jamás puede estar por encima de la defensa de la víctima y del ordenamiento jurídico penal la protección de los derechos a la intimidad y a la imagen de un delincuente que podría haber evitado la injerencia en sus propios derechos no actuando de manera delictiva.