Albert Rivera ha vuelto a criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por la aprobación de decretos-leyes con un fines claramente electoralistas. Además, ha indicado que, si gobierna España, hará todo lo posible por lograr la “abolición” de este tipo de norma, pues el decreto-ley es una figura “obsoleta” y “muy poco democrática”.

 

La destrucción de los decretos-leyes no sería difícil de conseguir en la medida en que se podría lograr con una reforma de la Constitución conforme a su artículo 167, de modo que la modificación se podría aprobar por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, siendo cierto que, si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado, aunque, si no se consiguiera la aprobación mediante el procedimiento descrito, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podría aprobar la reforma. El problema es que el decreto-ley es una de esas figuras que, aunque sean muy criticadas, siempre van a constituir un objeto de deseo para todos los líderes políticos, que, cuando tienen la ocasión, aprovechan la aprobación de decretos-leyes para alcanzar finalidades muy particulares que les pueden reportar beneficios políticos.

 

Ciertamente, abolir los decretos-leyes es una mala idea, ya que pueden resultar muy útiles y el abuso que durante años se ha efectuado de ese tipo de norma no puede servir para justificar su total desaparición. Sin embargo, si que sería recomendable modificar la regulación del decreto-ley.

 

Actualmente, el artículo 86 de la Constitución indica que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decretos-leyes, que deberán ser sometidos a una votación para su convalidación o su derogación y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. La cuestión más relevante es la de la valoración de la extraordinaria y urgente necesidad, que constituye el presupuesto habilitante para aprobar los decretos-leyes y que ha sido interpretado de manera poco estricta por el Tribunal Constitucional.

 

Se podría modificar el artículo 86 de la Constitución por el procedimiento de reforma del artículo 167 para que el precepto añadiera que solo se podrán aprobar decretos-leyes que impliquen un incremento del gasto público en los casos de grave riesgo para las personas, catástrofe o calamidad pública, sin que sea posible dictarlos transcurridos tres meses desde el acontecimiento que fundamente la necesidad. De esa manera, se podría impedir que se aprueben decreto-leyes con objetivos puramente electoralistas, aunque, a la hora de la verdad, no habría partido político que apoyara una modificación constitucional con el contenido propuesto.