El artículo 14 de la Constitución indica que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo 677/2018, de 20 de diciembre, ha servido para consolidar la desigualdad por razón de sexo ante la violencia en el ámbito del Derecho Penal, que ya empezó a gestarse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008, de 14 de mayo. Concretamente, esa resolución, que incluye un interesante voto particular, establece que “Aun teniéndose por probada una agresión mutua, no queda neutralizada la aplicación del tipo del art. 153 CP en ninguno de sus apartados, porque, en definitiva, una actitud activa de la mujer -igualmente típica, si bien que a través de otros preceptos penales-, no excluye la existencia del trasfondo de violencia de género cuando el hombre también le agrede en unidad de acto”. Además, señala la sentencia que “Se entiende que los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer con ocasión de una relación afectiva de pareja constituyen actos de poder y superioridad frente a ella con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad” porque no se debe exigir “que cuando se trate de una agresión de hombre a su pareja o ex pareja, o agresión mutua de los mismos, el elemento intencional de esa dominación o machismo se constituya como una exigencia a incluir en los hechos probados como un dolo específico no exigido por el tipo penal en modo alguno”, pues “cuando se exige en alguna resolución que en los casos de agresiones recíprocas en pareja o ex pareja se adicione un elemento intencional o subjetivo de dominación o machismo en el derecho probatorio, se está produciendo un exceso en la exigencia de la prueba a practicar en el plenario que no está requerido en el tipo penal, y que el legislador no quiso adicionar, pudiendo haberlo hecho, quedándose, tan solo, en la mención a los actos de dominación o machismo como el sustrato o causa de justificación de la reforma, pero no como elementos propios y específicos del tipo penal que es objeto de tratamiento en el presente recurso”.

 

Los razonamientos de la Sentencia del Tribunal Supremo 677/2018 no parecen excesivamente coherentes con el marco constitucional en relación con el artículo 14 de la Constitución, ya que la aplicación automática de la sanción por el delito de violencia de género ocasional sin tener en consideración la intencionalidad o el ánimo del sujeto implica una agravación de la pena por razón de sexo para el hombre. Además, la posición adoptada en la resolución comentada no encaja con los preceptos de la Ley Orgánica 1/2004, que se refieren a la violencia de género como una manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres que se ejercen en las relaciones afectivas.

 

Ciertamente, el voto particular firmado por cuatro magistrados resulta más razonable por sus argumentos y sus conclusiones. Esa falta de acuerdo se ha generado porque “del relato fáctico no es difícil deducir que las agresiones mutuas tuvieron lugar en un nivel de igualdad, en el que dos seres humanos, con independencia de los roles personales y sociales que cada uno pueda atribuir al otro, se enfrentan hasta llegar a la agresión física, teniendo como base una discrepancia sobre un aspecto intrascendente de su vida, discrepancia que pudiera haberse producido y tratado entre cualesquiera otras dos personas, sin implicar superioridad inicial de ninguna sobre la otra”, debiendo destacarse que “En cualquier caso, aquel contexto no se declara probado en la sentencia impugnada”.

 

La Sentencia del Tribunal Supremo 677/2018 es bastante deficitaria, pues, como señala el voto particular, se ha “perdido una oportunidad de interpretar y aplicar la protección a la mujer contra la violencia de género, cuya conveniencia no parece ser discutida, dentro de sus auténticos límites, evitando extender el trato desigual al varón y a la mujer, contenido en el artículo 153 del Código Penal, de una forma excesiva y mecánica o automática a todos los casos en los que, en el ámbito de las relaciones de pareja, actuales o pasadas, el varón maltrate de obra a la mujer”. Sin embargo, no parece que eso importe, ya que se quiere incrementar el castigo al hombre por su sexo como si eso ayudara a acabar con la violencia de género, que sigue existiendo con una legislación que no está sirviendo para proteger a las mujeres, aunque si que está ayudando a satisfacer intereses de sujetos muy concretos que se están aprovechando de un problema social para conseguir más influencia y enriquecerse con el dinero público.