El pasado viernes se aprobó un Real Decreto por el que los contratos de arrendamiento, que tenían una duración ordinaria de tres años, pasaban a ser de cinco años. Nada más.

         Los precios siguen siendo libres, es decir, claramente abusivos.

         Y, lo que es peor, en la mayoría de los casos opacos al fisco, mediante cobro en efectivo, sin dejar “huella” bancaria del pago, contratos de arrendamiento que no se registran en ningún sitio, en la mayoría de los casos tampoco se efectúa el depósito de las fianzas en las arcas de la comunidad autónoma correspondiente, u organismo creado al efecto, etc.

         Tras la desaparición de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, precisamente por su oposición a la “política socialista” sobre la vivienda, consistente en aumentar los impuestos hasta extremos insospechados (¡tiene cojones que tengas que pagar un auténtico “alquiler” al Gobierno para poder vivir en tu propia casa, que has sudado sobradamente!), el sector inmobiliario se ha convertido en un terreno totalmente especulativo, donde se refugia el dinero negro, muchas veces procedente de la delincuencia: tráfico de drogas y personas, “industria” del sexo, venta de armas, etc.

         Actualmente nadie sabe el número real de pisos o locales alquilados, el movimiento económico que ello genera, quiénes son los beneficiarios de las rentas correspondientes, muchas veces utilizando testaferros o sociedades interpuestas, etc.

         ¿Por qué el Gobierno no mete mano en este campo, dónde seguramente circula más dinero negro…?

         No quiero ser mal pensado, pero habida cuenta de que una buena parte de nuestros políticos son grandes propietarios inmobiliarios, creo que por ahí van los tiros. ¡Nadie se dispara un tiro a su propia pierna!

         Mi hijo reside en Madrid, haciendo un máster. Hemos alquilado una simple habitación en un piso compartido por cinco postgraduados o estudiantes universitarios. Pagamos prácticamente quinientos euros al mes, que multiplicado por cinco, hace una bonita renta de 2.500 euros.

         Que multiplicado por doce meses que tiene el año, supone unos ingresos de 30.000 euros anuales, limpios de polvo y paja.

         Tenemos firmado un papel, una especie de contrato de arrendamiento, que, por supuesto, no está registrado en ningún sitio.

         Los dos meses depositados de fianza se los ha quedado el dueño, suponemos, y el cobro lo hace por medio de un “administrador”, pero siempre en dinero efectivo, es decir no quiere domiciliar el cobro, emitir recibos mensuales, etc., o que nosotros le hagamos una transferencia o ingreso dinero a su cuenta… Obviamente porque todo es dinero negro, y no declara absolutamente nada a la Hacienda Pública.

         Y como este caso, hay cientos de miles, posiblemente millones, a lo largo y ancho de toda España.

         ¿Cómo es posible que la AEAT no inspeccione y controle este sector, para lo cual sería básico obligar a registrar los contratos, bien ante Hacienda o ante algún organismo como las antiguas Cámaras, sancionar duramente a quiénes no lo registren, etc.?

         Por supuesto habría q ue establecer deducciones fiscales a quienes pagan esos alquileres… Hace años existía, y había una casilla en la declaración de la renta para poner los datos del beneficiario, pero por las razones que fueren, creo se suprimió esa deducción, dada la voracidad fiscal de nuestro elefantiásico Estado.

         Vemos, una vez más, como el PSOE y PODEMOS han traicionado a quienes dicen representar, a los más desfavorecidos de nuestra sociedad.

         No solo eso, sino que los propietarios ya están diciendo que si van a quedar obligados durante 5 años, en lugar de 3, van a incrementar notablemente los alquileres que ahora cobran, en una espiral que amenaza con hacer imposible que los jóvenes puedan independizarse de sus padres…

         Pero nada de esto quita el sueño a los nuevos “marqueses de Galapagar”, que ellos sí disfrutan de una dacha de categoría… ¡Ya solo falta que hagan garitas en las esquinas, para que los siete guardias civiles a los que los españoles les pagamos el sueldo, pero que están exclusivamente a su servicio, puedan protegerles en condiciones humanamente soportables!

         Y es que todavía hay clases…, castas y castuza podemista.