El Tribunal Supremo ha decidido plantear varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se determine cuál es el alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras como europarlamentario. La justificación de las mismas se debe a que “Para resolver la concesión o denegación del permiso penitenciario al procesado -eurodiputado electo- en situación de prisión preventiva, resulta inexcusable conocer el alcance de la eficacia de las prerrogativas contenidas en el artículo 9 del Protocolo nº 7”, pues se trata de “resolver cuándo se consolida el estatus parlamentario, decisión que condiciona el contenido dispositivo de la resolución que, sobre el permiso penitenciario extraordinario, hemos de adoptar”.

 

Las tres cuestiones prejudiciales están directamente vinculadas y concatenadas. La primera presenta una pregunta relativa al artículo 9 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, para saber si rige antes del inicio del “período de sesiones” para un acusado por delitos graves en situación de prisión provisional, acordada judicialmente por hechos anteriores al inicio de un proceso electoral, en el que aquél ha resultado proclamado electo al Parlamento Europeo, pero que ha sido privado por decisión judicial de un permiso penitenciario extraordinario que le permitiera cumplimentar los requisitos establecidos por la legislación electoral interna a la que remite el artículo 8 del Acta, relativa a la Elección de los Diputados al Parlamento Europeo por Sufragio Universal Directo. La segunda plantea que “En el caso de ser afirmativa la respuesta, si el órgano designado en la normativa electoral nacional, por no haber cumplimentado el electo los requisitos electoralmente establecidos (imposibilidad derivada de su limitación a la libertad deambulatoria por su situación de prisión provisional en proceso por delitos graves) hubiera comunicado al Parlamento Europeo, que aquél no ha adquirido esa condición de Diputado hasta tanto cumplimente esos requisitos; ¿persistiría la interpretación extensiva de la expresión “período de sesiones”, pese a la ruptura transitoria de su expectativa de tomar posesión de su escaño?”. La tercera expone que “Si la respuesta fuese la interpretación extensiva, en caso de que el electo se encontrase en situación de prisión provisional en proceso por delitos graves, con bastante antelación al inicio del proceso electoral, ¿la autoridad judicial que ha acordado la situación de prisión resultaría obligada, a la vista de la expresión «cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de éste» del artículo 9 del Protocolo nº 7, a levantar la situación de prisión en términos absolutos, de modo casi automático, para permitir el cumplimiento de las formalidades y desplazamientos al Parlamento Europeo?; o bien ¿debería atenderse a un criterio relativo de ponderación en el caso concreto, de los derechos e intereses derivados del interés de la justicia y del debido proceso por una parte y los atinentes a la institución de la inmunidad por otra, tanto en lo que se refiere a la observancia del funcionamiento e independencia del Parlamento, como al derecho del ejercicio de cargos públicos por el electo?”.

 

Debe destacarse que el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado se han opuesto a la remisión de las cuestiones porque entienden que las normas aplicables son absolutamente claras y que señalan expresamente que son las leyes de cada Estado miembro las que determinan los requisitos que deben cumplirse para poder adquirir la condición de miembro del Parlamento Europeo, destacando que existen argumentos suficientes para entender que el dirigentes secesionista acusado por la posible comisión de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, no adquirió la inmunidad al no obtener el acta de europarlamentario, pues el artículo 224 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que en el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central y que transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento.

 

Ciertamente, el deseo del tribunal de plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se debe fundamentalmente a la pretensión que tienen los magistrados de revestir el proceso de todas las garantías posibles, de manera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda ratificar la corrección del proceso en los aspectos relativos a la situación personal de Oriol Junqueras, que siendo electo para el Parlamento Europeo, se encuentra en una situación verdaderamente insólita por no haberse producido nunca en España. El problema es el conjunto de riesgos que conlleva la remisión de las preguntas correspondientes.

 

Hay que reconocer que lo más probable es que las cuestiones que se planteen sobre la interpretación de la normativa de la inmunidad parlamentaria se respondan por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el sentido de afirmar que cada Estado miembro tiene las facultades de establecer, interpretar y aplicar sus leyes sobre la determinación de los requisitos para adquirir la condición de miembro del Parlamento Europeo, de manera que Oriol Junqueras no gozaría de inmunidad por el cargo de europarlamentario por no haber adquirido el mismo conforme a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Sin embargo, no es imposible que se pueda ver un escenario en en que se genere algún giro extraño que le atribuya al dirigente independentista la inmunidad, en cuyo caso habría que suspender el proceso indefinidamente hasta que se resuelva la controversia sobre la condición de Oriol Junqueras por el Parlamento Europeo.