La Fiscalía del Tribunal Supremo quiere que Juana Rivas no esté más de dos años en la cárcel por mantener a sus dos hijos alejados de su padre por espacio durante varios meses entre 2016 y 2017. Para lograr ese objetivo, se ha presentado por el fiscal correspondiente un escrito en el que se solicita que se estime el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo por el abogado de Juana Rivas para que la condenada no se vea obligada a cumplir la pena de prisión de cinco años a la que un juzgado le condenó con la aprobación de la Audiencia Provincial de Granada, fundamentándose la petición en la idea de que la mujer sancionada cometió un único delito de sustracción de menores en lugar de los dos que se le atribuyeron en las sentencias dictadas durante el proceso.

 

Hay que tener presente que, para sostener las afirmaciones expuestas, la Fiscalía del Tribunal Supremo señala que el bien jurídico protegido en el delito de sustracción de menores es la garantía del efectivo cumplimiento de las resoluciones judiciales, así que, al incumplirse una única resolución judicial, se cometió solamente un delito de sustracción de menores. Esta hipótesis descarta que el bien jurídico protegido del delito comentado sea el bienestar de los menores, de manera que rechaza que se pueda considerar que Juana Rivas cometió dos delitos de sustracción de menores, uno por cada hijo retenido.

 

Para interpretar correctamente el artículo 225 bis del Código Penal se necesita revisar la regulación vigente y la norma por la que se incorporó el delito de sustracción de menores en el Derecho Penal español. El precepto citado, que establece que “El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años”, fue introducido por la Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores, cuya Exposición de Motivos señala que “La protección de los intereses del menor ha definido una línea de actuación primordial a la hora de legislar en España desde nuestra Constitución”, principalmente “en aquellas cuestiones relacionadas con su custodia, tratando con ello de evitar, en lo posible, los efectos perjudiciales que en supuestos de crisis familiares puedan ocasionarles determinadas actuaciones de sus progenitores”. Del texto expuesto se deduce que se protege, además de la eficacia de las resoluciones, el interés de los menores en lo que se refiere a las relaciones que deben mantener con sus progenitores.

 

La Fiscalía del Tribunal Supremo debería descartar la opción de defender a Juana Rivas, pues su actuación fue claramente delictiva y debidamente castigada. Intentar protegerla por todos los medios solo sirve para dejar en una posición vulnerable a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal y a aquellos padres que se pueden llegar a ver indefensos ante situaciones de sustracción de sus hijos producida por la actuación del otro progenitor.