La Constitución establece en su artículo 1.1 que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, añadiendo el artículo 9 que “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” y que “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. Por esos preceptos, resulta absolutamente lógico que la norma fundamental indique que “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”, por su artículo 103.1, y que “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”, por su artículo 31.2, siendo posible destacar que el artículo 40 de la Constitución señala que “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica”.

 

Hay que tener presente que la pieza política de la trama de los ERE, analizada y resuelta por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla 190/2019, ha supuesto una patada para numerosos preceptos de la Constitución y para los pilares del sistema democrático en Andalucía. Algunos que dicen defender a los más necesitados han pretendido justificar o restarle gravedad a los hechos descritos en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla 190/2019, pero los eventos narrados en la resolución constituyen conductas reprochables penal y socialmente en la medida en que la clave de la corrupción no se encuentra en los bolsillos en los que termina el dinero, pues los relevante es ver los bolsillos de los que sale el mismo dinero, que, en el caso de los ERE, había sido obtenido de contribuyentes que, pagando sus impuestos conforme a la normativa aplicable, han terminado viendo cómo, con una clara vulneración de la legislación, se han desviado fondos públicos que se encontraban destinados a fines de naturaleza social y que han terminado sirviendo para pagar fiestas indecentes y actividades que poco o nada tienen que ver con los intereses generales a los que se refiere el artículo 103 de la Constitución. Concretamente, se utilizó dinero público destinado a desempleados para financiar, sin respetar las normas presupuestarias y procedimentales, un sistema caciquista con el que comprar la paz social y mantener el control de las instituciones andaluzas por parte del PSOE, que, atentando contra la igualdad de los ciudadanos en el territorio de Andalucía, pudieron lograr que sujetos como Manuel Chaves o José Antonio Griñán tuvieran la posibilidad de perpetuarse en el poder gubernativo andaluz de una manera tramposa, ostentando facultades de organización y obteniendo dinero público que, en una situación con pleno respeto de las normas, no habrían conseguido.

 

Las penas impuestas son bastante severas pero, atendiendo a las circunstancias del caso, podrían haber sido más altas, algo que parece deseable si se tiene en cuenta la larga condena a la que se verá sometido Andalucía por la gran dificultad que habrá para recuperar 680 millones de euros de dinero público que eran necesarios para atender problemas de mayor relevancia que las ansias de drogarse y de requerir servicios de naturaleza sexual.