Las actividades de los okupas llevan constituyendo un preocupante problema desde hace algunos años sin que los propietarios dispongan de mecanismos adecuados para poder recuperar sus bienes inmuebles frente a los que deciden acceder a casas que no les pertenecen en la falsa creencia de que se les debe proporcionar una vivienda sin coste alguno.

 

Debe tenerse presente que la Ley 5/2018 estableció unos trámites especiales para que, por el juicio verbal, los propietarios de viviendas invadidas por okupas pudieran ser recuperadas en un plazo muy reducido por sus titulares. Mediante la interposición de una demanda por el artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, desarrollándose el proceso con plazos teóricamente más reducidos.

 

El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2018 porque, según la formación de Pablo Iglesias, esa norma vulneraba los artículos 18 y 47 de la Constitución en relación con el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y con el derecho a la vivienda. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de febrero de 2019 declaró la constitucionalidad de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación de viviendas ilegales. Concretamente, la resolución indica que “la decisión judicial de proceder al desalojo de los ocupantes que puede adoptarse en el proceso sumario para la recuperación de la posesión de la vivienda instituido por la Ley 5/2018 no constituye una violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio garantizado”, pues “para habitar lícitamente en una vivienda es necesario disfrutar de algún derecho que habilite al sujeto para la realización de tal uso del bien en el que pretende establecerse”, añadiéndose que el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, “no garantiza un derecho fundamental sino que enuncia un principio rector de la política social y económica”.

 

La reforma operada por la Ley 5/2018 ha fracasado estrepitosamente, pues no ha servido para articular un cauce procedimental eficaz y rápido con el que luchar contra el fenómeno de los okupas. Una abogada explicó, en La Voz de Galicia, que la citación para echar a los okupas de siete viviendas iba a ser efectuada por dos agentes que, al ver un elevado número de implicados, decidieron retrasar el operativo policial hasta contar con más efectivos, llegando a tardar “seis meses en volver, y como ese día no estén los servicios sociales presentes o estimen que hay niños afectados, entonces vuelta a empezar”.

 

Hay que reconocer que la insuficiencia de la modificación era fácilmente previsible, pues se necesita crear más órganos jurisdiccionales para poder frenar el colapso de los juzgados, que difícilmente pueden cumplir los plazos legales, resultando secundario alterar el contenido de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta norma ya regulaba con anterioridad a la Ley 5/2018 un procedimiento de desahucio por precario que servía para expulsar a okupas de viviendas, pero presentaba inconvenientes idénticos al del mal llamado desahucio “express” para la okupación.