No se trata de lamentar que no se aplique el mismo rasero a Pedro Sánchez que a Rajoy, cuando su partido no ha tenido ningún remordimiento por robar el dinero destinado a los parados andaluces para dedicarlo a sus redes clientelares. Al fin y a la postre llevamos lustros tolerando la corrupción que infesta nuestro orondo Estado de las Autonomías. Tampoco se trata, pese a su gravedad, de que una política económica diseñada bajo directrices neomarxistas disparará el desempleo, quebrará definitivamente el sistema de pensiones, probablemente nos acerque a un lockout de la Administración y empobrecerá nuestra sociedad, haciendo retroceder especialmente el nivel de vida de las clases medias. Los antecedentes de los resultados económicos del gobierno de Zapatero no han servido de advertencia para no volver a tropezar con la misma piedra de una gestión que, en el caso de Pedro Sánchez, aún se barrunta menos eficiente, visto el descenso del nivel de preparación y capacidad de ministros y diputados socialistas, que además obraran condicionados por los niñatos bolivarianos de Podemos. Si la experiencia empírica de lo sucedido en Grecia no ha servido para huir de tales propuestas, habrá que aceptar que buena parte de la población española no es capaz de escarmentar si no es en cabeza propia.

Pero lo verdaderamente alarmante son dos amenazas que el gobierno frentepopulista presidido por Pedro Sánchez representa para nuestra comunidad. Una no es nueva, ya la vivimos en 1936 cuando se hizo con el poder un gobierno del mismo jaez. Se trata de la utilización sectaria de las instituciones y los mecanismos del poder del Estado en beneficio partidista. Entonces, a un PSOE embarcado en la aventura revolucionaria desde 1934 junto a comunistas, se le unieron el resto de fuerzas izquierdistas en el empeño de construir una República excluyente en la que sólo cabían ellos. Hoy nos enfrentamos a la misma intención absolutista, cuya punta de lanza encontramos en la ideológia de género o la memoria histórica. Si la sumisión de la abogacía del estado, fuerzas de seguridad o fiscalía a las instrucciones políticas de Pedro Sánchez es escalofriante, las decisiones judiciales en el enjuiciamiento del “proces”, la exhumación de Franco o la doble vara de medir en el caso Blanquerna y el asesinato de Láinez, destapan un complaciente poder judicial que anuncia la quiebra del Estado de Derecho. Un terrible desamparo se cierne sobre la libertad de los ciudadanos, que ya no pueden confiar en encontrar protección ni en las leyes ni en los tribunales

La otra amenaza no tiene precedentes en la historia de España. Los pactos de Pedro Sánchez con fuerzas que abiertamente intentan destruir la unidad nacional podrían calificarse como crimen de lesa patria. Nos encontramos con un partido que reniega de la soberanía nacional que le ha llevado al parlamento y con un gobierno dispuesto a disolver la comunidad política en que se fundamenta la constitución que le sirve para ostentar el poder. España como Nación está en peligro: el gobierno de Pedro Sánchez significa un programa para su deconstrucción y sustitución por un Estado de mininaciones confederadas en el que la igualdad entre los españoles no sólo no se garantizará, sino que simple y llanamente no existirá.

Podría invocarse la aritmética parlamentaria para justificar la legitimidad en origen de este gobierno, pero un resultado electoral, como legitimidad política misma, no es suficiente para garantizar la equidad y la justicia en las relaciones jurídicas entre el Estado y la comunidad. El ejemplo contemporáneo que mejor ilustra esta problemática es el caso de la llegada al poder del NSDP en Alemania. El partido nazi gana las elecciones y Hitler recibe un mandato legítimo, pero en el ejercicio del poder deviene inexorablemente en ilegitimo por el uso no recto de la facultad recibida de la soberanía nacional. Es decir, el gobierno en cuestión no era legítimo por ejecutoria.

En el caso del gobierno de Pedro Sánchez, pese a haber conseguido formalmente los apoyos parlamentarios para su investidura ¿puede calificarse de gobierno legítimo cuando su programa de ejecutoria atenta contra la comunidad nacional de la que deriva su mandato representativo? ¿Están obligados los ciudadanos, cuyo estatuto jurídico como parte de una sola comunidad soberana se ve amenazado, a obedecer a este gobierno?

Cuando en este momento los procedimientos gubernativos que anuncia Pedro Sánchez se orientan a facilitar a declarados enemigos de España la consecución de sus objetivos a través de la suplantación de la normal aplicación del ordenamiento jurídico vigente y una falta de rectitud en la acción de las instituciones del Estado y el poder judicial, debemos recordar que nos asiste el derecho de resistencia, que como definía Francesco de Sanctis, consiste en “el derecho de un sujeto, (individuo, grupo o pueblo), de no obedecer a un poder ilegitimo”.

No se trata de un comportamiento antidemocrático, muy al contrario, de la aceptación, reconocimiento y ejercicio de este principio ético universal depende la existencia misma de la democracia. La defensa de la comunidad nacional, de la cual emana la soberanía política del pueblo, frente a un gobierno que la ataca, nunca puede ser antidemocrática. La desobediencia civil como un acto público no violento, no en contra del ordenamiento jurídico, sino en contra de su mal uso, se convierte en una medida de autorregulación del sistema político y de legítima defensa de la soberanía nacional en que se basa el régimen democrático.

En estas horas nos corresponde el deber de superar el miedo a sufrir la fuerza represora de este gobierno ilegítimo para lograr seguir siendo españoles y hombres libres. La movilización colectiva, no sólo para manifestar nuestra repulsa, sino para no cooperar en modo alguno en la ruptura de España, exige la resistencia sistemática, a través de la insumisión fiscal, la protesta activa, la desobediencia a los mandatos del gobierno y cualquier otra iniciativa no violenta de confrontación que debilite y consiga desalojar del poder a quienes actúan en contra del bien común de todos los españoles.

Mateo Requesens.