La portavoz del Gobierno afirmó el pasado día 22 de junio que, por casos de delitos sexuales con gran relevancia mediática, el Consejo de Ministros iba a “estudiar la personación del Estado en defensa de las víctimas de agresión sexual”. Posteriormente, se emitió un comunicado, por el sentimiento existente en el Ministerio Fiscal por las desafortunadas palabras indicadas, en el que se indicó que “La Fiscalía General del Estado quiere informar a los ciudadanos de que la defensa y tutela de las víctimas está garantizada por la intervención del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos en los que hay denuncia, por mandato constitucional (Artículo 124 de la Constitución Española) y estatutario (Artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal)”. Además, se han escrito algunos textos, como “El Ministerio Fiscal es garante de la legalidad como protector de la víctima”, de Pedro Díaz y Roberto Valverde, que permiten conocer el papel del Ministerio Fiscal en relación con las víctimas.

 

La idea expuesta es polémica por sus grandes coherencias. El ordenamiento jurídico vigentes es bastante claro y determina que hay que respetar las funciones de las distintas instituciones.

 

Ciertamente, los abogados del Estado pintarían muy poco o nada en los procesos penales por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, pues la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, establece en su artículo 1 que “La asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento y la representación y defensa en juicio del Estado y de sus Organismos autónomos, así como la representación y defensa de los Órganos Constitucionales, cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio, corresponderá a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado”. La función esencial de los abogados del Estado está muy lejos de poder llegar a encontrar una relación clara y contundente con la defensa y representación de las víctimas de delitos que no tienen relación con la Administración Público y, por su escasa formación, podrían terminar perjudicando a las víctimas a las que defiendan, salvo en el caso en el que reciban una formación específica que, en el actual sistema penal, podrían ahorrarse.

 

El Ministerio Fiscal, según el artículo 3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, tiene las funciones de ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda, y de velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas.

 

Los fiscales desarrollan sus funciones con medios que resultan insuficientes para alcanzar sus objetivos, entre los que se encuentra el de garantizar la protección de las víctimas de los delitos. El Gobierno debería dotar de más instrumentos al Ministerio Fiscal en lugar de pensar en obtener una ventaja electoral con medidas sin coherencia jurídica.