La Abogacía del Estado ha decidido presentar sus calificaciones provisionales en el proceso contra los dirigentes catalanes secesionistas dirigiendo contra ellos una acusación por el delito de sedición. De ese modo, se han distanciado del Ministerio Fiscal, que ha acusado por delito de rebelión en consonancia con la argumentación que la misma institución sostuvo durante la instrucción, fase en la que, por cierto, tuvo el apoyo de los abogados del Estado.

 

Ciertamente, hay muchas dudas sobre la calificación jurídica de los hechos. La existencia de violencia durante el desarrollo de los actos por la independencia de Cataluña ha generado un fuerte debate entre los juristas. La razón principal es que ese elemento constituye la diferencia fundamental entre la rebelión, que requiere actos violentos para su comisión, y la sedición, que se caracteriza precisamente por la ausencia de violencia. Jorge de Esteban indica, en su artículo “Rebelión o rebelión”, que “evidentemente, no hubo armas, entre otras cosas, porque los golpistas no necesitaban usar la violencia física en todos los casos puesto que ya poseían el poder, pero sí utilizaron una violencia institucional que fue determinante”, aunque esa misma afirmación puede ser discutida.

 

La consecuencia penal de los dos delitos analizados es bastante amplia. Los que hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, mientras que los que ejerzan un mando subalterno serán castigados con la de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los meros participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad, además de la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo en ambos casos.

 

Lo preocupante en relación con el escrito de calificaciones provisionales de la Abogacía del Estado no es que recoja una acusación por sedición. El problema es que, como bien señala Arcadi Espada en su artículo “Golpe al Estado”, la “decisión es pura y escuetamente política”, como demuestra el radical cambio de criterio que ha tenido la Abogacía del Estado en el caso del secesionismo de Cataluña, con el que se ha manifestado hasta qué punto Pedro Sánchez está siendo manipulado por los independentistas catalanes.