La difusión de las listas de deudores morosos de la Hacienda Pública están reguladas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece que la Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados que incluirán los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias cuando el importe total de las deudas y sanciones tributarias que estén pendientes de ingreso supere la cuantía de 1.000.000 de euros y cuando las deudas o sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas después de haber transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, aunque el precepto especifica que no se incluirán aquellas deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas, en la medida en que solo se incluirán en los listados las deudas de contribuyentes que efectivamente hayan incumplido sus obligaciones. El precepto indicado fue introducido por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuyo Preámbulo indica que la medida “hay que enmarcarla en la orientación de la lucha contra el fraude fiscal a través del fomento de todo tipo de instrumentos preventivos y educativos que coadyuven al cumplimiento voluntario de los deberes tributarios, en la promoción del desarrollo de una auténtica conciencia cívica tributaria así como en la publicidad activa derivada de la transparencia en la actividad pública en relación con la información cuyo conocimiento resulte relevante” y que “La medida es totalmente respetuosa con la reserva de datos tributarios y, por tanto, con los principios en los que ésta se fundamenta, no debiendo olvidar la influencia que en esta materia tiene el de protección del derecho a la intimidad y la necesidad de potenciar el de eficacia del sistema tributario, todos ellos conjugados en la medida en que sólo serán objeto de publicidad aquellas conductas tributarias socialmente reprobables desde una óptica cuantitativa relevante, permitiendo el legislador solo la difusión de aquellas conductas que generan un mayor perjuicio económico para la Hacienda Pública que traen causa de la falta de pago en los plazos originarios de ingreso en periodo voluntario establecidos en la Ley en atención a la distinta tipología de las deudas”.

 

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 21 de marzo de 2019, cuyo contenido se ha conocido por algunos medios de comunicación de forma reciente, ha ratificado la validez de la difusión de las listas de deudores de Hacienda, afirmando que “la medida no tiene una finalidad represiva, sino de compulsión indirecta al pago de las deudas tributarias relevantes que no hayan sido satisfechas dentro del período voluntario” y que “la ciudadanía tiene derecho a la publicidad en determinados casos sobre el cumplimiento de los contribuyentes de sus deberes fiscales, sin que pueda ampararse la oposición a la publicación en la protección de datos personales, siempre que se respete el principio de proporcionalidad y exista una regulación predeterminada por la ley”, llegando a la conclusión de que, para “proteger los datos personales, basta con cumplir con los deberes fiscales”.

 

Debe destacarse que la resolución indica que no procede el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pues no hay duda sobre la constitucionalidad de la publicación de las listas de deudores de Hacienda. Sin embargo, hay motivos suficientes para pensar en el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad por la confrontación entre la difusión de los listados mencionados y el honor de los que en ellos aparecen, que pueden estar simplemente por una controversia interpretativa sobre la normativa fiscal que puede estar analizándose por el juez o tribunal competente. Además, es posible pensar en el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues el artículo 95 bis de la Ley 58/2003 podría estar vulnerando el Reglamento General de Protección de Datos.

 

La Administración Tributaria trata a los ciudadanos como elementos de los que se puede extraer dinero, utilizando, si es necesario, medidas infamantes que no deberían ser admitidas, pues los listados de deudores de Hacienda solo sirven como elemento infamante con el que amenazar a los contribuyentes con una gran capacidad económica, que, en muchos casos, pueden preferir no pagar simplemente por dudas jurídicas suscitadas por la deficiente redacción de muchas normas fiscales.