Manuel Marchena indicó que las declaraciones de los acusados en el juicio contra los dirigentes secesionistas podían hacerse en catalán con un traductor o intérprete. Los mismos acusados señalaron que deseaban la traducción simultánea, pero el magistrado acabó afirmando que la misma restringía enormemente la publicidad del contenido de las respuestas emitidas ante las preguntas.

 

Dadas las circunstancias, es posible preguntar si un acusado tiene el derecho a declarar en la lengua oficial de su Comunidad Autónoma si el proceso penal que contra él mismo se dirige se desarrolla fuera de la misma. Así lo indicaban los líderes independentistas, aunque no hay duda de la gran cantidad de afirmaciones que han ido realizando basándose en realidades inventadas.

 

El artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge varias reglas sobre la lengua oficial en los procesos judiciales. En todas las actuaciones judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios que desarrollen labores en órganos jurisdiccionales usarán el castellano, que es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles deben conocer, teniendo, además el derecho a usarla, conforme al artículo 3 de la Constitución, aunque los jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir indefensión. Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas, teniendo, las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma plena validez y eficacia sin necesidad de traducción al castellano, pero se procederá a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, excepto en los casos en los que se trate de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente, y en las situaciones en los que así lo disponga la legislación aplicable se cause indefensión a una parte.

 

Además de observar la Ley Orgánica del Poder Judicial, es indispenaable comprobar la legislación procesal penal, que regula todo lo que respecta a la traducción e interpretación en los procesos por delitos. Concretamente, el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora injustificada, de varios derechos, entre los que se encuentra en el derecho a la traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 127 de la misma norma. El primero de esos dos preceptos señala que los imputados o acusados que no hablen o entiendan el castellano o la lengua oficial en la que se desarrolle la actuación tendrán derecho a ser asistidos por un intérprete que utilice una lengua que comprenda durante todas las actuaciones en que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales.

 

Como ya se ha señalado, según el artículo 3 de la Constitución, el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Los dirigentes catalanes también tienen el deber de saber hablar en español y, como el derecho a la traducción e interpretación en el proceso penal solo existe para aquellas personas investigadas o acusadas que no hablen o entiendan el castellano, los líderes independentistas no pueden imponer sus condiciones para declarar, siendo cierto que no se les causa indefensión por no ceder a sus pretensiones de hablar en catalán durante las vistas del juicio.