Pedro Sánchez ha indicado que no derogará la prisión permanente revisable mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la misma. Llama la atención esta afirmación si se tiene presente que el presidente del Gobierno ha comentado su rechazo a la pena más grave que regula el Código Penal vigente con el apoyo de otros líderes, como Pablo Iglesias. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la amplia aceptación social que tiene la prisión permanente revisable y el coste electoral que tendría su supresión para el Gobierno actual.

 

Hay que tener presente que la prisión permanente revisable puede considerarse totalmente ajustada a la Constitución. La Sentencia del Tribunal Constitucional 160/2012, de 20 de septiembre, indica que “el art. 25.2 CE no contiene un derecho fundamental, sino un mandato constitucional dirigido al legislador para orientar la política penal y penitenciaria, que como tal puede servir de parámetro de constitucionalidad de las leyes (SSTC 2/1987, de 21 de enero, FJ 2; 28/1988, de 23 de febrero, FJ2; 79/1998, de 1 de abril, FJ 4; y 120/2000, de 10 de mayo, FJ 4)”. Además, señala la resolución que “dicho precepto “no establece que la reeducación y la reinserción social sean la única finalidad legítima de la pena privativa de libertad” (también, SSTC 167/2003, de 29 de septiembre, FJ 6 y 299/2005, de 21 de noviembre, FJ 2); por ello, de la mención de que las penas y las medidas de seguridad deberán estar orientadas a tales finalidades, no se deriva que tales fines sean los únicos objetivos admisibles de la privación penal de libertad ni, por lo mismo, que haya de considerarse contraria a la Constitución “la aplicación de una pena que pudiera no responder exclusivamente a dicha finalidad” (SSTC 19/1988, de 16 de febrero, FJ 9, citando el ATC 780/1986, de 19 de noviembre; 167/2003, de 29 de septiembre, FJ 6; y 299/2005, de 21 de noviembre, FJ 2)”.

 

Si el Tribunal Constitucional declara la constitucionalidad de la prisión permanente revisable, Pedro Sánchez no podrá derogarla por sus intereses electorales. Tampoco tendrá esa posibilidad si los magistrados competentes actúan con este asunto como con la regulación actual del aborto, sobre el que han preferido no pronunciarse para resolver el recurso de inconstitucionalidad que se interpuso hace varios años.

 

En cualquier caso, es muy posible que Pedro Sánchez esté deseando no tener que derogar la prisión permanente revisable, pues, en el caso contrario, perdería más apoyos de los que ya ha extraviado para mantenerse en el Gobierno.