En España tenemos una población penitenciaria que fluctúa entre las 70.000 a 80.000 personas, entre penados y preventivos, es decir personas que están en la cárcel, pero que todavía no han sido condenadas…, o absueltas.

De ellos prácticamente la mitad, y en ocasiones incluso más, son extranjeros, lo que es un dato paradigmático, pues si la población de extranjeros oscila entre un 15 y un 20% de los 47 millones de habitantes de España, pero más de la mitad de los presos son extranjeros, algo falla…

¿Es qué viene aquí lo peor de cada casa, o es que cómo saben que nuestro sistema penal es un cachondeo, en el que los delincuentes tienen más derechos que sus víctimas, y no digamos que los policías y guardias civiles, muchos extranjeros hacen de su capa un sayo, pasan de todo, y actúan cómo les da la gana, en la más completa anarquía…?

Posiblemente hay un poco de todo ello.

Según datos oficiales, cada preso nos cuesta más de 2.000 (dos mil euros) al mes, entre comida, servicios médicos, vigilancia de los centros penitenciarios, traslados, psicólogos, juristas, educadores, ¡piscinas!, campos de deportes, ¡gimnasios!, etc., pues algunas de nuestras cárceles son auténticos hoteles de tres estrellas.

¿No sería preferible expulsar de España a todo extranjero condenado en firme por algún delito de una cierta entidad, y “reservar” nuestras cárceles únicamente para los casos más graves, asesinatos, violaciones, etc.?

O firmar convenios con los países de origen, de forma que los condenados en España sean entregados a sus autoridades nacionales, y pasen allí a cumplir condena –no en “hoteles” penitenciarios precisamente, como aquí en España-, aunque hubiera que colaborar económicamente con esas naciones para pagar su estancia en prisión, que siempre sería mucho más barata que en España.

La situación actual es, simplemente, tirar el dinero.

Dinero que no nos sobra a los españoles, y de seguir así las cosas, con la crisis que ya estamos empezando a sufrir, el desplome de la economía mundial, etc., la situación cada día va a ser peor.

Pero cómo no hay mal que cien años dure, ni autonomía que lo resista, la Generalidad catalana ha aprobado dar una “paga” a los MENAS, menores no acompañados, pero ya mayores de edad, desde los 18 a los 23 años, es decir durante u total de cinco años –por ahora-, de “solo 655 euros mensuales, a cambio de nada.

En otras palabras, que vamos a “tirar” unos 8.000 euros anuales con cada MENA, que multiplicado por 5 años, por ahora, hace un total de más de 40.000 euros por persona… ¡Luego habrá que ir pensando en darles una prejubilación, o un subsidio permanente para que puedan vivir, pues ya se sabe que la prostitución, el tráfico de drogas y los robos al por menor ya no son lo que eran, y cada día dan menos dinero! (Espero se entienda la ironía del párrafo).

Todo ello compatible con no hacer nada, faltaría más, o dedicarse a lo que les dé la gana, sin realizar prestación social alguna que “justifique” ese derroche del dinero público en personas que ni son compatriotas, ni han aportado nada a España, ni ellos ni sus ancestros.

Y que han venido aquí sin que nadie les haya invitado, o vaya a hacerse cargo de su mantenimiento.

Es decir, que al parado español de larga duración, en realidad un auténtico prejubilado, con treinta y muchos años de cotización a sus espaldas, y en ocasiones más de cuarenta, generalmente con cargas familiares, se le paga 430,26 euros, exactamente, pero al MENA que no ha aportado nunca nada, y lo que es peor, en la mayoría de los casos tampoco piensa hacerlo, se le da un cincuenta por ciento más…

Visto este estado de cosas. ¿Cómo no vamos a votar a VOX…?