El artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que “Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” y que “Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestión prejudicial europea lo harán de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes”. Este precepto es un reflejo del efecto directo que producen en España las disposiciones normativas de la Unión Europea que, por regla general, vinculan a sus Estados miembros, como señala la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de julio de 1964.

 

Las cuestiones prejudiciales de la Unión Europea se encuentran reguladas en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La finalidad de su planteamiento es impedir que se consolide en un Estado miembro una jurisprudencia nacional que no se atenga a las normas del Derecho de la Unión.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al resolver las cuestiones prejudiciales, ha demostrado su importancia garantizando la cohesión y efectividad de derechos subjetivos de los ciudadanos de los Estados miembros. Precisamente, fueron sentencias dictadas por preguntas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las que resolvieron controversias de España vinculadas con cláusulas abusivas y con normas como las del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

 

No existe obligación de presentar una cuestión prejudicial europea para todos los órganos jurisdiccionales, pues solo se planteará en el caso en el que el juez o tribunal conozca del asunto en última instancia. Sin embargo, que no haya deber de remitirla no implica que pueda omitirse su planteamiento sin justificación.

 

La Sentencia del Tribunal Supremo 1782/2018, de 17 de diciembre, establece que “cuando en un litigio se plantea una duda sobre la eventual contradicción de una norma nacional con el derecho de la Unión Europea, el tribunal, aun cuando no sea la última instancia, está obligado a motivar las razones por las que no aprecia contradicción entre la norma nacional y la comunitaria invocada y por la que no considera necesario el planteamiento de una cuestión prejudicial al entender aplicable la doctrina del acto claro o del acto aclarado”, siendo cierto que “no basta con invocar la doctrina del acto claro sin expresar las razones por las que considera que la interpretación de la norma comunitaria es clara, no da lugar a una duda razonable, y no es contraria a la norma nacional cuestionada”. Esta afirmación se basa en un argumento muy claro, ya que, por el artículo 120 de la Constitución en relación con los preceptos legales aplicables, existe un deber de motivar las resoluciones judiciales en todo lo que se refiere a la estimación o desestimación de las pretensiones de las partes.

 

No es obligatorio presentar cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero hay que promover su planteamiento para interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico sin sufrir sustos y sin tener que padecer situaciones ridículas, como las que ya se han vivido en relación con la materia que afecta a los consumidores y a los usuarios.