Los abogados del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell están preparando una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado español por los 21 meses que estuvo sufriendo la medida cautelar penal de prisión provisional y que quedó sin efecto tras la sentencia absolutoria que declaró la inexistencia de delito de blanqueo de capitales por parte de la Audiencia Nacional y que devino firme tras no presentar el Ministerio Fiscal el recurso de casación que había programado interponer en un primer momento.

Una buena parte de las expectativas procesales de Sandro Rosell dependen de un reciente cambio normativo. El artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial determinaba que “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”, pero la Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de junio de 2019 resolvió la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por el Pleno respecto a los incisos “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y declaró la nulidad de los mismos por vulnerar los artículos 14 y 24.2 de la Constitución en la medida en que entiende que “circunscribir el ámbito aplicativo del art. 294 de la LOPJ a la inexistencia objetiva del hecho establece una diferencia de trato injustificada y desproporcionada respecto de los inocentes absueltos por no ser autores del hecho al tiempo que menoscaba el derecho a la presunción de inocencia al excluir al absuelto por falta de prueba de la existencia objetiva del hecho”, así que, actualmente, el precepto impugnado establece que “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”.

El problema con el que puede encontrarse Sandro Rosell es que la Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de junio de 2019 no fue adecuadamente interpretada en todos sus términos cuando se conoció, pues no se ha destacado como es debido que la sentencia, con una criticable exposición de argumentos de filosofía que provocarán una gran inseguridad jurídica, señala que “los presupuestos y el alcance de la indemnización prevista en el art. 294.1 LOPJ habrán de acotarse a través de la eventual intervención legislativa y, en su ausencia, mediante las interpretaciones congruentes con su finalidad y la teoría general de la responsabilidad civil que realicen la Administración y, en último término, los órganos judiciales”. Por ese motivo, no se puede asegurar con total certeza que Sandro Rosell acabará siendo indemnizado, aunque hay que reconocer que, dadas las circunstancias del caso, resulta lo más probable.