Un hombre presentó una demanda para solicitar la extinción de la patria potestad sobre sus hijos menores por su mal comportamiento con amenazas de muerte al padre, partes médicos de intoxicaciones por consumo de drogas por los mismos menores, absentismo escolar, enfermedad grave del padre que le impide trabajar y que de hecho los menores no se encuentran con la madre que no los quiere en su casa y viven con la abuela materna de unos 80 años. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma 387/2018, de 3 de diciembre, confirmó la desestimación de la demanda indicada, ya que “la ley prevé es la privación de la patria potestad o de su ejercicio cuando concurran los motivos legales y graves que deben afectar, no al comportamiento de los hijos, sino del progenitor y en aras precisamente a salvaguardar su interés”, debiendo “estar basada en causas excepcionales, bien por impedir, de hecho, tal ejercicio, bien por afectar de forma grave al menor (Art. 170 C. Civil), en cuanto perjudique seriamente su formación integral, con incumplimientos de entidad de los deberes que se entrelazan con los derechos definidores de la función reguladora en el contexto de preceptos indicado”. Este razonamiento es lógico atendiendo al artículo 6 del Código Civil, que indica que “La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros”, incluyendo el orden público la imposibilidad de renunciar a la patria potestad, cuyo ejercicio solo puede restringirse por las reglas del artículo 170 del Código Civil, citado en la sentencia señalada.

 

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, introdujo en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, varios preceptos sobre los deberes de los menores. Uno de los artículos implantados en la nueva normativa establece que “Los menores deben participar en la vida familiar respetando a sus progenitores y hermanos así como a otros familiares”, pero ese precepto no es de fácil aplicación, ya que su incumplimiento no genera consecuencias negativas para el menor.

 

El Código Civil regula una opción para aquellos progenitores que no puedan convivir con sus hijos. Cuando los progenitores o tutores, por circunstancias graves y transitorias debidamente acreditadas, no puedan cuidar al menor, podrán solicitar de una entidad pública competente que la misma asuma su guarda durante el tiempo necesario. El problema es que el plazo no podrá exceder de dos años, aunque, excepcionalmente, se acordará la prórroga de las medidas si el interés superior del menor lo aconseja.

 

Emilio Calatayud, en un artículo, dice que “el legislador podía empezar a plantearse la posibilidad de modificar la ley para renunciar a la patria potestad”. No le falta razón, dadas las circunstancias actuales y la existencia de casos en los que los menores destrozan la vida de sus padres.