La profanación de los restos de Franco y el Valle de los Caídos es en primer lugar un ataque a la paz. La paz inaugurada por la victoria sobre el Frente Popular, alianza, como es sabido, de totalitarios, separatistas y sus auxiliares, que habían protagonizado una sangrienta insurrección en 1934 y se habían aupado al poder en una elecciones fraudulentas. Paz continuada gracias al referendum de 1976, que decidió una democratización de la ley a la ley, desde la legitimidad franquista y contra quienes aspiraban a volver al Frente Popular. Los cuales hoy, por diversas manipulaciones, están nuevamente en el poder y sometiendo a España a un golpe de estado permanente.

 

En segundo lugar es un atentado contra la democracia decidida en aquel referéndum. Desde entonces la democracia, el estado de derecho y la integridad nacional no han cesado de ir retrocediendo bajo los embates de la corrupción, de la colaboración con terroristas y separatistas, y de una sistemática falsificación de la historia. No es casual que la profanación haya sido decidida por un partido de historia destacadamente criminal y corrupta. Partido que nada más volver al poder en 1982 perpetró un inmenso expolio (Rumasa), madre de mil corrupciones más, presionó hasta hacer prevaricar al Tribunal Constitucional y proclamó “la muerte de Montesquieu”, es decir de la separación de poderes, esencial en una democracia.

 

Desde entonces  ese partido de siniestra  historia no ha cesado de cometer nuevas fechorías, extendiendo la corrupción económica, aplicando demagogias generadoras de desempleo, politizando la justicia, impulsando los separatismos, falsificando la historia sistemáticamente hasta pretender imponerla desde el poder mediante una falsaria y totalitaria ley de memoria histórica. Es decir, desvirtuando de arriba abajo la democracia procedente de la sociedad creada por el franquismo y apoyada por abrumadora mayoría en el citado referéndum de 1976.

 

En tercer lugar, la profanación se ha realizado con el apoyo del PP y Ciudadanos, partidos que se declaran constitucionalistas como podrían declararse partidarios de la Inquisición. Y con el apoyo farisaico  de la cúpula de la Iglesia y de los medios monárquicos, pese a estar claro que se trataba de un ultraje a la Iglesia, salvada por Franco del exterminio programado por aquellos que hoy se sienten herederos de los exterminadores. Y pese a que si existe hoy  un rey se debe asimismo a Franco,  después de que en 1931 la monarquía se suicidara mediante un autogolpe de estado. Y  si ha sido posible una democracia hoy en grave  desvirtuación, se debe asimismo a la sociedad próspera, reconciliada y políticamente moderada creada en el franquismo. Hoy esa democracia ha sido corrompida y desvirtuada en un modo que nos retrotrae a la situación del antiguo Frente Popular, y que provocó la guerra civil. Se da así el caso de que las instituciones más fundamentales del país hayan sido sometidas al capricho de unos sujetos que se identifican, por la ley de memoria histórica, con el crimen, es decir, con los chekistas y ladrones de aquel nefasto Frente,  a quienes llaman mártires de la libertad y la democracia.

 

En cuarto lugar, la profanación se ha perpetrado con el respaldo de un Tribunal Supremo y un Tribunal Constitucional politizados y con toda evidencia prevaricadores. Se da así el caso de que un sujeto, estafador desde su mismo pretendido título académico, disfrute del acuerdo y obediencia de una justicia a su vez falseada progresivamente desde que su partido decidió la muerte de Montesquieu. El hecho real es que la profanación demuestra el peligroso abismo en que ha caído una democracia tan prometedora al principio. Y que lo que se plantea es una rectificación o regeneración democrática radical y, a ser posible que los causantes de este atentado a la paz, la democracia y el estado de derecho paguen por sus delitos. Todo esto viene ocurriendo porque se ha permitido sin apenas oposición, más aún, con la colaboración del PP, que la propaganda marxista-separatista sobre Franco y su régimen se presenten como la historia veraz, de la que derivarían las políticas actuales.