Son muchos los casos de hombres que se encuentran pagando los intereses de un préstamo hipotecario garantizado con la vivienda habitual de la familia, en la que vive su excónyuge con el hijo común del ambos. Sin embargo, en algunas situaciones, la nueva pareja de la exesposa accede a vivir con ella en la vivienda habitual que correspondía a la familia, teniendo que garantizar el marido la estancia de la nueva pareja de su excónyuge en el que era su domicilio.

 

La Sentencia del Tribunal Supremo 641/2018, de 20 de noviembre, establece queLa introducción de un tercero en la vivienda en manifiesta relación estable de pareja con la progenitora que se benefició del uso por habérsele asignado la custodia de los hijos, aspecto que se examina, cambia el estatus del domicilio familiar y extingue el derecho al uso por parte del progenitor custodio. La resolución no niega que al amparo del derecho a la libertad personal y al libre desarrollo de la personalidad se puedan establecer nuevas relaciones de pareja con quien se estime conveniente, pero si cuestiona que esta libertad se utilice en perjuicio de otros, como el progenitor no custodio, de modo que una nueva relación de pareja, tras la ruptura del matrimonio, tiene evidente influencia en la pensión compensatoria, en el derecho a permanecer en la casa familiar e incluso en el interés de los hijos, desde el momento en que introduce elementos de valoración distintos de los que se tuvieron en cuenta inicialmente y que, en relación a lo que aquí se cuestiona, se deberán tener en cuenta, sin perder de vista ese interés de los hijos, que es el que sirvió de título de atribución del uso, al amparo del artículo 96 del Código Civil.

 

Hay que tener presente que la Sentencia del Tribunal Supremo 221/2011, de 1 de abril, indica que “la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad es una manifestación del principio del interés del menor, que no puede ser limitada por el Juez, salvo lo establecido en el Art. 96 CC”. La Sentencia del Tribunal Supremo 641/2018 señala que la medida no priva a los menores de su derecho a una vivienda, ni cambia la custodia, que se mantiene en favor de su madre, pero, teniendo presente que la atribución del uso a los hijos menores y al progenitor custodio se produce para, no es posible mantenerlos en el uso de un inmueble que no tiene el carácter de domicilio familiar, puesto que dejó de servir a los fines que determinaron la atribución del uso en el momento de la ruptura matrimonial, más allá del tiempo necesario para liquidar la sociedad legal de gananciales existente entre ambos progenitores.

 

Ciertamente, la Sentencia del Tribunal Supremo 641/2018 se ajusta al ordenamiento jurídico y sirve para evitar lo que se conoce como abuso de derecho, recogido en el artículo 7 del Código Civil. La Sentencia del Tribunal Supremo 20/2006, de 1 de febrero, establece que “La doctrina del abuso de derecho se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciado, según recuerda la Sentencia de 18 de mayo de 2005 (recurso núm. 4708/98), con apoyo en reiterada doctrina jurisprudencial, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho (Sentencias de 8 de julio de 1986, 12 de noviembre de 1988, 11 de mayo de 1991 y 25 de septiembre de 1996); exigiendo su apreciación, en palabras de la Sentencia de 18 de julio de 2000, una base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo)”.

 

Habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos vinculados con esta cuestión, pero se producirán muchas controversias vinculadas con la prueba de la convivencia entre la excónyuge y su nueva pareja y no hay que descartar que algunos jueces, siguiendo un criterio que, realmente, no resultaría adecuado, prefieran no aplicar el razonamiento de la Sentencia del Tribunal Supremo 641/2018, que es el más lógico y justo.