España vive momentos críticos. Lo que desde hace años ocurre en nuestra patria, porque se permite, no es normal. La pendiente por la que nos deslizamos nos lleva irremisiblemente a la disolución como nación y como pueblo.

 

Dos son, muy sintetizadas, las causas principales:

 

* Una "izquierda" que no ha renegado de sus anormalidades históricas, sino todo lo contrario, volviendo a promover una revolución política, social y cultural antinacional y anacrónica.

 

* Una "derecha" siempre acomplejada, cicatera, cobarde y renegada.

 

El resurgimiento de los separatismos regionales, injustificados de todo punto de vista, son efecto de lo dicho por la tradicional alianza con ellos de la "izquierda" y la pusilanimidad de la "derecha". A lo anterior hay que unir que, también de nuevo, los “políticos” han vuelto a degenerar hundiéndose en la más absoluta mediocridad y corrupción moral y material. Por ello, de un régimen tan deteriorado como el nuestro, poco o nada se puede esperar, pues su propia degeneración impide que de él surja quien lo devuelva a la normalidad que nunca debió abandonar.

 

Salvo algún caso excepcional, nunca ha sido necesario en los países de nuestro entorno lo que en España sí, y que parece que vuelve a serlo: la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA), teórico baluarte de las esencias de nuestra nación, de nuestra patria. Fuerzas Armadas que han demostrado hasta la saciedad --tal vez demasiado--, con su silencio y dejar hacer --¿excesiva e irresponsable inhibición? --, su absoluto respeto por el poder civil, legal y legítimo, y por las decisiones del pueblo español, aún las más erradas. Pero ante la aceleración de la desintegración de nuestra nación por las constantes decisiones ilegítimas de los poderes legales, parece llegado, por desgracia, el momento de que asuman sus responsabilidades constitucionales, si no quieren ser tachadas de cobardes y traidoras.

 

Para tal asunción se dan ahora, a nuestro juicio, las premisas imprescindibles: legalidad y legitimidad, imperiosa necesidad y el sagrado fin que lo justifica.

 

Legalidad y legitimidad tienen de sobra en la propia Constitución y en sus Ordenanzas, es decir, en el ordenamiento jurídico democrático vigente. En la Constitución: “Art. 8.- Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional"; en las Ordenanzas: "Art. 48.- Límites de la obediencia. Si las órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de delito, en particular contra la Constitucióny contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, el militar no estará obligado a obedecerlas. En todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión".

 

La imperiosa necesidad deriva del profundo y peligroso deterioro de la situación y del propio sistema que no se soporta ni a sí mismo, caído en una flagrante anarquía donde no hay líneas rojas a no sobrepasar.

 

El sagrado fines que está en juego la supervivencia de España como nación soberana, íntegra e independiente, del pueblo español libre y del propio ordenamiento constitucional.

 

Parece pues llegado el momento en que las FFAA, con el rey a la cabeza, y el concurso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, asuman, amparados por la legalidad vigente, la tutela temporal del funcionamiento del Estado, suspendiéndose sólo aquellas garantías constitucionales precisas únicamente en los lugares estrictamente imprescindibles según aconsejen las circunstancias, garantizándose la permanencia de todas las demás, abriéndose un periodo “constituyente” en el que los dirigentes y partidos políticos, sobre la base de la experiencia acumulada durante estos últimos cuarenta años, acordaran las enmiendas constitucionales que son evidentes para garantizar sin resquicios la unidad, igualdad y seguridad de España, sometiéndolas a continuación a la aprobación del conjunto de los españoles, en el necesario clima de orden, seguridad y libertad de verdad, sin la presión de los que hoy actúan crecidos por saberse amparados por la impunidad. Aprobadas dichas enmiendas se convocarían de inmediato elecciones generales a las que concurrirían los partidos que previamente las hubieran acatado plenamente y sin tapujos, tras las cuales, ni un día más, pero ni un día menos, las FFAA volverían a donde siempre han estado, habiendo prestado así un servicio real de valor incalculable a España y a los españoles.

 

En otros países democráticos los dirigentes y partidos políticos saben dónde está la línea roja, por eso nunca les es necesario lo que aquí parece que sí porque nadie traza esa línea roja a no sobrepasar, sino todo lo contrario.

 

La pregunta final es obvia: ¿hay militares capaces de dar semejante paso, es decir, de amparados por la legalidad y legitimidad que la propia Constitución les otorga y ordena trazar esa línea roja?