Confidencial Judicial  ha publicado una noticia en la que señalan que “piden dos años de cárcel para una persona jurídica”, además de la pena de inhabilitación especial para el sufragio pasivo, por la comisión de un delito de apropiación indebida sufrido por otra persona jurídica. A cualquier persona, tenga o no tenga conocimientos jurídicos profundos, le puede resultar extraño que a una persona jurídica, entendida como entidad con personalidad propia e independiente de la de sus socios, pueda ser ingresada en un centro penitenciario, pues en la cárcel solo pueden ser recluidas las personas físicas.

 

Efectivamente, el artículo 31 bis del Código Penal regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de determinados delitos ejecutados en el ejercicio de actividades sociales o por cuenta de las mismas y en su beneficio. El artículo 33.7 de la misma norma establece expresamente que las penas aplicables a las personas jurídicas, que siempre serán consideradas como graves, son la multa por cuotas o proporcional, la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años, la clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años, la prohibición definitiva o por un plazo máximo de quince años de realizar en el futuro las actividades que hayan habilitado la comisión del delito, la inhabilitación para interactuar con el sector público por un plazo que no podrá exceder de quince años y la intervención judicial por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

 

Hay que tener presente que el artículo 253 del Código Penal establece que serán castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, pero si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses. El artículo 254 de la misma norma castiga al que, fuera de los supuestos del artículo anterior, se apropiare de una cosa mueble ajena, será castigado con una pena de multa de tres a seis meses, aunque, si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a dos meses.

 

Esas conductas no pueden ser desarrolladas por personas jurídicas, pues, conforme al artículo 31 bis del Código Penal, se requiere que la normativa establezca la posibilidad de castigar a las entidades por la comisión de distintos delitos para imponer alguna de las penas del artículo 33.7 del Código Penal. Así se estableció el sistema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Ley Orgánica 2/2010, debiendo destacarse que la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, que indica que “la reforma del art. 31 bis no altera el sistema establecido en 2010 de supeditar la responsabilidad penal de la persona jurídica a su expresa previsión en los correspondientes tipos de la parte especial del Código”.

 

El error del abogado que dirige la acusación ha sido muy grave y debe deberse a un despiste tonto, pues la acción penal debía dirigirse contra el administrador o trabajador de la compañía ahora acusada que ejecutó la actividad delictiva. En cualquier caso, habrá que ir viendo como se desarrollan los acontecimientos, que podría terminar con la entidades acusadora perdiendo el litigio y su abogado perdiendo el trabajo.