Las protestas de los CDR que bloquearon la AP7 y la frontera con Francia han generado grandes pérdidas. Ahora se está planteando la posibilidad de presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Estado y la Generalitat de Cataluña en la medida en que no desarrollaron las actividades correspondientes en materia de seguridad, cuya ejecución habría evitado el corte de la frontera o, al menos, una importante reducción del tiempo de duración de las protestas, que no se quisieron detener por distintos motivos. Mientras que la Generalitat, que deseaba seguir fomentando las manifestaciones contra la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, omitió su conducta debida, el Gobierno decidió reducir todo lo posible la contundencia de sus agentes para evitar que después se pudiera hablar de abusos policiales

 

Debe destacarse que hay argumentos legales y jurisprudenciales suficientes como para conseguir una indemnización a favor de los transportistas afectados por el corte de la frontera. La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1998 determina que “La Jurisprudencia de este Tribunal ha venido identificando que la responsabilidad de la Administración se produce como consecuencia del ejercicio de cualquier función administrativa que determina un daño no directamente procurado, extendiéndose dicha responsabilidad a todas las formas de acción u omisión administrativa que impliquen una lesión individualizada, tanto en la esfera personal como patrimonial del lesionado, de los contenidos económicos de éste; lesión que constituye un perjuicio antijurídico, no por la forma de producirse, sino en si mismo, el cual, el titular del bien, o derecho, no tiene el deber jurídico de soportar, aunque el funcionario que lo ocasione obre con toda licitud (Sentencia de esta Sala Tercera de 16 de diciembre de 1994 STS 16/12/1994), así como, que a los fines del artículo 106.2 de la Constitución la Jurisprudencia ha homologado "como servicio público toda actuación, gestión o actividad, o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo" (Sentencias de 15 de junio de 1989 STS 15/06/1989 y 22 de marzo de 1995 STS 22/03/1995)”.

 

Los argumentos de defensa por parte del Gobierno y de la Generalitat van a ser reducidos ante las peticiones de indemnización, pues no hubo una fuerza mayor ajena a ambas Administraciones Públicas y no se puede considerar que el daño fuera jurídico por el ejercicio del derecho fundamental de manifestación por un grupo de personas, ya que las mismas obraron con claro abuso, al exceder con su conducta de los límites del citado derecho. Sin embargo, podrían ambas Administraciones Públicas alegar que el daño de las protestas debe ser soportado, desviando el enfoque de la controversia para que la misma se analice como el asunto de la Sentencia del Tribunal Supremo 2064/2016, de 26 de septiembre, que señala, que, en su caso, “lo litigioso no se ciñe a un juicio de legalidad en este caso de una inactividad, sino a la inexistencia en el administrado del deber jurídico de soportar esa actividad o inactividad que es de lo que nace la obligación de indemnizar (cf. sentencia de esta Sala de 3 de diciembre de 2012, recurso de casación 4232/2010)”.

 

No hay duda alguna sobre la desestimación administrativa de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial por el Estado y por la Generalitat, pues se indicará que la situación no se le puede atribuir a ninguna de las dos Administraciones Públicas territoriales y que el daño debía ser soportado por los transportistas. El problema es que los actos administrativos rechazando las reclamaciones podrán ser impugnadas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, como ya demostraron los agentes de Francia, no era tan complicado retirar a los manifestantes de la frontera y, si hubiera que abonar la indemnización que se va a solicitar, que podría rondar los 150 millones de euros, se pagaría entre todos los ciudadanos por un daño que se correspondió con los egoístas intereses de unos pocos.