Se ha presentado la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. El texto tiene por objeto la protección de la convivencia vecinal y de la seguridad de las personas y las cosas ante situaciones de ocupación ilegal de cosa inmueble, que comprende la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real. La justificación se encuentra en las duras consecuencias que genera la misma ocupación ilegal de viviendas para la propiedad y para la seguridad, que deben ser protegidas un refuerzo de las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jurídico, tanto a efectos penales como administrativas y civiles, abarcando el ámbito de la Comunidad de Propietarios.

 

Son varias las medidas incluidas. Por un lado, se establece un procedimiento de desalojo acelerado, con plazos de tramitación muy breves. Por otro lado, se modifican normas materiales y procesales de Derecho Civil y de Derecho Penal, destacando el incremento de la penas por el delito de usurpación inmobiliaria, de modo que la comisión de esa infracción, regulada en el artículo 245 del Código Penal, implicará la imposición de una pena de prisión.

 

El artículo 3 de la la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios regula el procedimiento de desalojo acelerado, indicando que el ocupante ilegal de cosa inmueble no gozará de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad pública o sus agentes. Cuando aquel sea requerido para la desocupación del inmueble por la autoridad pública o sus agentes con ocasión de la correspondiente denuncia, deberá desalojar voluntariamente el inmueble ocupado en el plazo máximo de 12 horas si careciera de título jurídico o acreditar, en un plazo máximo e improrrogable de 24 horas, que tiene un título que le atribuye la posesión del bien o, en su caso, la autorización, tolerancia o liberalidad del propietario o poseedor real, aunque, si se tratara de flagrante delito, la autoridad pública o sus agentes procederán al desalojo inmediato. En el caso en el que no se pueda acreditar el título jurídico de la ocupación en el plazo de 24 horas señalado, la autoridad pública o sus agentes procederán al lanzamiento inmediato si no se hubiera producido el desalojo voluntario, sin perjuicio de su derecho a ejercer las acciones legales que procedan para acreditar título suficiente para la posesión o propiedad de la cosa inmueble.

 

Algunas de las medidas recogidas en la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios resultan bastante razonables. Sin embargo, no parece muy lógico la implantación de un procedimiento de desalojo acelerado con plazos tan breves por varios motivos.


Por un lado, la intervención judicial no se aclara adecuadamente y los plazos que se plantean son excesivamente cortos, de modo que se puede generar indefensión para el ocupante, que puede llegar a tener problemas para acreditar un título o una autorización que justifique su situación respecto de bien inmueble, principalmente en el ámbito penal, en el que la reforma presenta un complicado encaje procesal. Por otro lado, es difícil que unos plazos tan reducidos como los que se quieren implantar puedan llegar a cumplirse debido a la saturación de los órganos jurisdiccionales, que se encuentran colapsados en la actualidad.

La proposición del PP debe ser fruto del deseo de atraer a más votantes para los próximos procesos electorales. No hay otra explicación que sirva para justificar el conjunto de reformas legislativas propuestas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas que se ha presentado, ya que hace un año el PP controlaba el Gobierno y no plantearon la posibilidad de realizar una modificación de la normativa como la que se ahora propone, conformándose con las alteraciones legislativas introducidas con la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, cuyas reglas, que también son criticables, resultan más adecuadas desde una perspectiva amplias que las de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.