María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha afirmado que se va a "seguir empeñando en explicar que el hecho de pagar impuestos es una garantía para la sociedades desarrolladas". De ese modo, justifica las medidas que se quieren implantar de incrementar las cuotas del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas para los rendimientos y ganancias más altas, reforzar la recaudación por el Impuesto sobre el Patrimonio, aumentar el tipo del Impuesto de Sociedades para las grandes compañías, introducir un gravamen a la compra venta de acciones, crear un impuesto medioambiental por el que se incrementará el precio del diésel y la Tasa Google.

Ciertamente, pagar impuestos no siempre es una garantía para las sociedades desarrolladas, pudiendo ser, únicamente, una garantía para los dirigentes políticos que aprovechan los recursos públicos para poder colocarse y dar cargos y poder a amigos y compañeros suyos cuyas cualidades distan mucho de ser las que se necesitan para gestionar los asuntos públicos. Un ejemplo claro es el Gobierno mastodóntico de Pedro Sánchez, que, con 22 ministerios, se ha convertido en un ejemplo de lo que es una mala planificación y ejecución de estructuras y actividades públicas financiadas con recursos públicos, que nunca sobran y que deben ser utilizados con prudencia, pensando en guardar en épocas de bonanza para tener elementos suficientes para atajar los problemas que puedan producirse en tiempos de vacas flacas.

Lo que es una garantía para las sociedades desarrolladas es tener líderes políticos que sepan actuar de forma responsable y de manera eficiente y económica con los recursos públicos, sin dilapidar el dinero recaudado con el dinero de los contribuyentes, que deben ser tratados con más respeto por aquellos que dicen representarles. La Sentencia del Tribunal Supremo 927/2003, de 23 de junio, determina que es indispensable garantizar “el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial de los Entes Públicos, junto con la confianza de los ciudadanos en el manejo honesto de los caudales públicos y la propia fidelidad en el servicio de los funcionarios que de ellos disponen”.

Si los dirigentes políticas actúan de forma desleal malgastando dinero público entregado por los ciudadanos, se fomenta la desconfianza en las instituciones y se promueve la economía sumergida, pues muchos serán los que preferirán ingresar dinero sin informar a Hacienda antes de ver como utilizan lo que paga con sus impuestos para cumplir objetivos que poco o nada tienen que ver con los intereses generales.