La Sentencia de la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona 905/2018, de 4 de octubre, condena a una mujer a devolver las mensualidades de 378 euros en cada mes que percibió por su hija de 24 años sabiendo que la misma había comenzado a trabajar percibiendo un salario superior a 900 euros. La citada pensión de alimentos se había fijado por un proceso de divorcio.

 

Hay que destacar que la sentencia comentada analiza la extinción de la pensión y la restitución con plenos efectos retroactivos de las cantidades indebidamente abonadas. En lo que se refiere a la segunda cuestión, por la normativa contenida en el artículo 148 del Código Civil, no procedería la devolución de los alimentos ya percibidos por la hija, pero la misma se establece por la existencia de un abuso de derecho, al haber omitido la propia hija el deber de comunicar a su padre su incorporación al mundo laboral.

 

Ciertamente, la Audiencia Provincial de Barcelona ha conseguido frenar, en este caso, lo que se conoce como abuso de derecho, regulado en el artículo 7 del Código Civil. La Sentencia del Tribunal Supremo 20/2006, de 1 de febrero, establece que “La doctrina del abuso de derecho se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciado, según recuerda la Sentencia de 18 de mayo de 2005 (recurso núm. 4708/98), con apoyo en reiterada doctrina jurisprudencial, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho (Sentencias de 8 de julio de 1986, 12 de noviembre de 1988, 11 de mayo de 1991 y 25 de septiembre de 1996); exigiendo su apreciación, en palabras de la Sentencia de 18 de julio de 2000, una base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo)”.

 

Debería, para estos casos, atenderse a la regla del artículo 1895 del Código Civil, que establece que “Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla”. Ese precepto, cuya redacción es del siglo XIX, demuestra que la legislación civil ya contenía previsiones para resolver los casos en los que una persona cobrara dinero indebidamente con mucha seguridad y poca vergüenza.